El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha planteado ante el Tribunal Supremo (TS) su inquietud por la supuesta filtración a la prensa de las grabaciones de su declaración, la de su ex asesor Koldo García, y la del presunto intermediario de la trama, Víctor de Aldama. Esta acción es en respuesta a lo que él califica como un "juicio paralelo" que está enfrentando en los medios de comunicación.

En un escrito presentado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, Ábalos, quien fue una figura destacada en el PSOE, menciona las grabaciones a las que prestaron su testimonio de manera voluntaria él y sus coimputados los días 12, 16 y 17 de diciembre, las cuales se hicieron públicas el jueves por la tarde.

El abogado de Ábalos expresa su preocupación al señalar que se puede observar cómo los medios de comunicación están llevando a cabo un juicio paralelo en el que se está sometiendo a su defendido. "Lo que resulta inaceptable es que la información se haya filtrado a la prensa antes de que la defensa tuviera acceso a las grabaciones", aclara el letrado.

La indignación de la defensa es palpable, ya que sostiene que la primera parte que debería estar informada sobre las declaraciones es el Ministerio Fiscal junto con las partes afectadas, y no los medios de comunicación, como ha sucedido en este caso. Ábalos solicita, por ende, al instructor del caso, Leopoldo Puente, que inicie una investigación sobre esta filtración y sobre otras similares que han sido reportadas en el pasado.

En redes sociales, el propio José Luis Ábalos hizo pública su solicitud al magistrado, pero lamentó que su escrito ya hubiera sido filtrado a los medios, lo que, según él, evidencia la seriedad del problema de las filtraciones en su caso. "He solicitado al juez la apertura de una investigación sobre la filtración de las imágenes de mi declaración en el Tribunal Supremo, la cual se produjo el 12 de diciembre sin que mi defensa tenga aún conocimiento de ella", comentó Ábalos.

Ábalos también mencionó que, desde el inicio de esta investigación, ha sido objeto de constantes filtraciones que parecen diseñadas para crear un juicio mediático que perjudique su reputación. Expresó su preocupación al notar que esta situación persiste, mientras que en otros casos, que merecen mucha atención, no se ha actuado de la misma manera.

Por otro lado, el ex ministro ha presentado un recurso en el que solicita la nulidad de la investigación, argumentando que la Sala de lo Penal del TS solicitó el suplicatorio al Congreso sin permitir que su defensa pudiera impugnarlo. En este sentido, explica que el 18 de diciembre, el juez Puente decidió solicitar dicho suplicatorio y que el trámite fue llevado a cabo al día siguiente. Sin embargo, la notificación de esta decisión no llegó a su defensa hasta el 19 de diciembre, por lo que presentó un recurso al día siguiente alegando "nulidad absoluta" por considerar que su derecho a la inmunidad parlamentaria había sido vulnerado.

El recurso inicial de Ábalos también alegó que había sido objeto de una investigación irregular por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, debido a que interceptaron un sobre dirigido a él en el marco del 'caso Koldo', aunque no podían proceder en su contra por su condición de aforado. Sin embargo, este recurso todavía no ha sido resuelto por el magistrado instructor, lo que según la defensa implica una violación de su derecho a una tutela judicial efectiva.

Al mismo tiempo, la acusación popular que representa el Partido Popular se ha opuesto al recurso presentado por Ábalos, destacando que no ha estado sujeto a ninguna medida que limite sus derechos fundamentales en el contexto de la causa, cumpliendo rigurosamente con las prerrogativas que le confiere su condición de diputado.

Desde la perspectiva del Partido Popular, cuestionan la posibilidad de que la única investigación supuestamente ilícita, que ellos niegan, invalide todas las evidencias recogidas sobre Ábalos a través de otros medios de investigación completamente independientes. Argumentan que no se puede esperar que el aforado sea tratado de manera distinta ante indicios de su participación en hechos delictivos, ya que eso iría en contra del propósito del aforamiento y la inmunidad que le corresponde.