VALÈNCIA, 2 de octubre. En una reciente acción judicial, la acusación popular que representa a Acción Cultural del País Valencià (ACPV) ha solicitado a la magistrada encargada de la investigación sobre la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que requiera a la empresa pública Tragsa una explicación detallada sobre el equipo técnico que estuvo en alerta el 29 de octubre, un día marcado por las trágicas inundaciones que dejaron 229 fallecidos en la provincia.

Acción Cultural del País Valencià ha tenido acceso a un informe presentado por Tragsa en el que se indica que el día de la tragedia se destinaron tres supervisores para proporcionar suministros, y que se incorporaron dos más como apoyo al operativo que se estaba gestionando en Valencia. Esta información fue presentada como respuesta a la solicitud de la magistrada sobre cómo cumplió la empresa las instrucciones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE).

La citada agencia había solicitado alrededor de las 4:24 de la tarde que se mantuvieran recursos y personal en estado de alerta, un requerimiento que añade cierta tensión a la discusión sobre la efectividad de la respuesta ante la emergencia que se vivía. La acusación de ACPV, al conocer estos detalles, ha expresado su necesidad de esclarecer cómo se utilizaron los recursos de Tragsa en esta crítica situación.

En su escrito, ACPV manifiesta su desconcierto al observar que el único requerimiento a Tragsa fue el de enviar avituallamiento a diferentes centros de emergencia a horas tardías, a pesar de que la empresa cuenta con significativos medios logísticos. Además, se menciona que la Generalitat tiene un contrato en vigor con Tragsa que asciende a más de 2,5 millones de euros para el periodo de 2024 a 2027, lo que incluye diversas tareas de apoyo logístico durante emergencias.

Este contrato, al que ACPV ha accedido a través de fuentes digitales públicas, implica que Tragsa debe llevar a cabo funciones muy específicas en situaciones críticas, como el soporte logístico en el Puesto de Mando Avanzado, la instalación de módulos de emergencia y el suministro de recursos esenciales a las personas afectadas y a los operativos desplegados.

Por todo ello, la acusación ha solicitado que se formalice el encargo a Tragsa para que brinde este apoyo logístico, además de exigir información sobre qué equipo técnico y personal específico fueron notificados previamente, así como los detalles de la maquinaria en su poder y su capacidad de respuesta durante la crisis.