Una mujer, junto con un hombre que también ha sido arrestado, ha sido detenida en Alicante por realizar más de 200 transferencias bancarias para sustraer más de 88.000 euros de una comunidad de vecinos y numerosa documentación de otras diez comunidades.
La investigación comenzó con la denuncia de un representante de una comunidad de vecinos de Alicante, quien reportó que la administradora de fincas no podía ser encontrada y sospechaba que había desviado fondos de la cuenta bancaria de la comunidad.
Posteriormente, otra denuncia fue interpuesta por la presidenta de otra comunidad de vecinos, señalando la desaparición de la administradora de fincas contratada y la posible transferencia de fondos a cuentas bancarias diferentes.
La mujer de 47 años de nacionalidad española actuaba como administradora de ambas comunidades de vecinos y era la principal sospechosa en las denuncias recibidas por la Policía Nacional.
Durante la investigación, se descubrió que la mujer había transferido grandes cantidades de dinero de las cuentas de las comunidades de vecinos a cuentas bancarias propias, junto con un hombre que estaba al tanto de estas acciones fraudulentas.
La investigada también mantenía una gran cantidad de documentación de las comunidades de vecinos, lo que generó aún más denuncias por parte de los representantes de las comunidades afectadas.
Tras contactar con el administrador de una tercera comunidad de vecinos donde parte del dinero había sido transferido, se descubrió que la acusada previamente había devuelto fondos que había sustraído mediante una transferencia bancaria para evitar una denuncia.
Los agentes constataron que algunas transferencias se habían realizado desde las cuentas de unas comunidades a otras de las que la principal investigada había extraído dinero sin autorización para evitar ser denunciada.
Finalmente, ambos investigados, un hombre de 52 años y una mujer de 47 años, ambos de nacionalidad española, fueron detenidos por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida. La Policía logró recuperar numerosa documentación de las comunidades afectadas y las actuaciones están en manos del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.
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