• domingo 27 de noviembre del 2022

Anticorrupción solicita 21 años de prisión para el ex- encargado del Gobierno en la Comunitat por el cártel del fuego

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VALÈNCIA, 29 Jul.

La Fiscalía Anticorrupción pide una lástima de 21 años de prisión para el ex- encargado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller de Gobernación y Justicia con el PP Serafín Castellano por el popular como cártel del fuego, el amaño de contratos de extinción de incendios.

Así se desprende del escrito que el fiscal ha remitido al Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid solicitado de esta causa, donde hay 17 acusados, entre ellos el empresario Vicente Huerta, para quien demanda 33 años de prisión.

En preciso, el ministerio público asigna a Serafín Castellano los delitos de falsedad en archivo público; un delito continuado de cohecho; prevaricación; malversación; y asociación ilegal.

Según se desprende del relato fiscal, los acusados, en intérvalo de tiempo comprendido entre 1999 y, cuando menos, 2018, con relación a la actividad de contratación del ámbito público en el ámbito de la navegación aérea, principalmente en el de la extinción de incendios forestales, desarrollaron "múltiples formas de proceder ilegales".

Algunos acusados lo hicieron con motivo del ejercicio de su actividad como autoridades y gobernantes públicos relacionados con los procesos de contratación, como es la situacion de Serafín Castellano, conseller de Justicia y Administraciones Públicas entre 1999 y 2000; de Sanidad entre 2000 y 2003; y de Gobernación y Justicia entre 2007 y 2014.

Se creó una "asociación" de personas y compañías del campo de extinción de incendios que, con anteriores acuerdos "furtivos y ánimo de lucro", imponían a las gestiones contratantes costos superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia y esto a través de el reparto engañoso del mercado; o con la utilización de mecanismos de expulsión de otros casuales ofertantes y de ardides o técnicas fraudulentas de elevación de los costos de contratación de los servicios a agradar por la parte de la administración contratante.

En todo caso, los hombres de negocios acusados actuaban frente a la administración en los procesos de contratación con una "falsa escenificación", que aparentaba libre concurrencia, a través de la que conseguían la adjudicación contractual para quien se habían propuesto.

En otras oportunidades, fue con ilícito auxilio de autoridades y gobernantes, que se conseguía la imposición a la administración contratante de aumentos de estos costos a través de generación arbitraria y también infundada de ediciones establecidos, de prorrogas, o a través de la admisión y satisfacción incorrecta de facturas no justificadas.

Dentro de esta operativa, Vicente Huerta efectuó regalos y limosnas a tal fin. Esto se causó a favor de Serafín Castellano, entre otros muchos.

Al respecto, el fiscal cuenta que Huerta sostenía una "intensa y corrupta" relación con Serafín Castellano. Ambos y la familia y amigos del exconseller compartían múltiples ocupaciones de ocio en las que fijaban la manera de seguir para lucro del primero y sus compañías con motivo de la contratación pública con la administración regional.

Vicente Huerta, a cambio, hacía regalos y pagos a Serafín Castellano y a quienes eran teóricamente convidados por este último; todo, costeado por el empresario y sus compañías. Se comprendían entre sí a fin de que, en beneficio de Avialsa T35, se ampliasen a costa del tesoro público contratos a través de prorrogas incorrectas; se omitiera la imposición de desaprobaciones por incumplimiento de las condiciones impuestas en exactamente los mismos; se adjudicasen y firmasen contratos, sin declararlos desiertos como procedía, frente al incumplimiento de cláusulas establecidas en los pliegos y se satisficieran inadecuadamente esenciales proporciones.

A cambio de todo lo previo, Vicente Huerta, mediante sus sociedades enlazadas, premiaba a nivel económico a Castellano con apariencia de cacerías, monterías, hospedajes, viajes, material cinegético, dinero en metálico y otros presentes (baúles con jamones 5J y afines).

Castellano intervino, en el seno de la administración regional, en la adopción de ideas, resoluciones y pactos a nivel económico ventajosos para Vicente Huerta y sus sociedades enlazadas. Formalizó varias resoluciones en su condición de conseller a favor del empresario y sus sociedades, sin desechar jamás solicitud alguna formulada por este último ni, más allá de su íntima relación, abstenerse.

La Abogacía de la Generalitat Valenciana demanda 15 años de prisión para Castellano, al que asigna un delito de prevaricación; cohecho; malversación de caudales; falsedad en archivo público y delito de organización criminal. Junto a la prisión, demanda multa y también inhabilitaciones.

Para Vicente Huerta, esta acusación pide 12 años de prisión por un delito de organización criminal; otro de perturbación de exacto en concursos públicos y un delito de cohecho.

En cuanto a la compromiso civil, la Generalitat demanda una indemnización provisional de 904.407,28 euros que habrá de ser abonada de manera caritativa por Castellano, Huerta y todos y cada uno de los acusados de la organización o conjunto criminal y las compañías que formaban una parte de exactamente la misma.

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