VALÈNCIA, 15 Jul.

La Agencia Valenciana Antifraude ha considerado que no existe estafa o delito de corrupción en los contratos de urgencia de Sanidad por la covid, pero ha pedido subsanar déficits en la contratación a proveedores cuya actividad no almacena relación con este ámbito.

Así se quita de un informe de la agencia que dirige Joan Llinares, en el que se enseña que ninguno de los contratos analizados piensa estafa o corrupción, pero sí ve defectos que tienen que subsanarse en la contratación a compañías que no tienen por objeto popular proveer modelos sanitarios.

La mayoría de estos contratos se hicieron a lo largo de los meses del primer confinamiento y se apunta como en ciertos casos, las compañías distribuidoras terminaron vendiendo modelos sobre el precio de mercado gracias a la escasez que había en los primeros días de la pandemia.

Es la situacion de una compañía del ámbito de los limpiadores y artículos de limpieza, a quien se contrató múltiples modelos, entre ellos geles hidroalcóholicos, en el tercer mes del año de 2020. Sin embargo, el retardo en el reparto de los productos que no generaba y solo comercializaba, logró que ciertos de estos artículos llegaran a entregarse en el último mes del año.

La consecuencia es que ciertos modelos que se habían comprado en los meses en los que era mucho más bien difícil conseguir material sanitario, se entregaron en instantes en los que la oferta era considerablemente más maleable y los costes mucho más bajos. En el caso específico de esta compañía, que no volvió a ser contratada por Sanidad, esta disparidad alcanzó los 1,6 millones de euros.

Similar caso asimismo el de otra compañía, en un caso así de modelos de bebés, que proveyó máscaras FFP2 a la Generalitat. Las máscaras se solicitaron entre marzo y mayo, y se sirvieron entre abril y junio de 2020 por un importe unitario de 2,89 euros.

Contratos con otras compañías de mayo fueron mucho más económicos, con costes unitarios cerca de un euro. En total, se pagó quinientos mil de euros de sobra por los pedidos a esta compañía, que tampoco volvió a contratar con la Generalitat.

Otra de los déficits viene un contrato que al final no se realizó. La Generalitat anuló los pedidos con la justificación de "incumplimiento de la compañía", pero de todos modos, el órgano administrador de la compañía explicó que se anularon por estimar que el valor era elevado.

Ante casos como estos, Antifraude hizo múltiples sugerencias a Sanidad. Por ejemplo, que se "comiencen los mecanismos de revisión de trabajo de los contratos adjudicados a mercantiles que no han acreditado su aptitud y solvencia para ser contratistas". Esto servirá para eludir un "vicio de nulidad de pleno de derecho".

También se solicita que se deje perseverancia formal por escrito de que las
contrataciones se ajustan a costes de mercado y los razonamientos objetivos que de esta manera lo acrediten o, en su defecto, de las causas o fundamentos basados en el interés general que justifican la contratación no fundamentada en costes de mercado.

De hecho, apuntan que en los contratos analizados, no consta la petición de promociones a mucho más de una compañía, lo que habría constituido una aceptable práctica al objeto de adecuar la tramitación inusual de urgencia a los principios de libre rivalidad y de selección de la oferta a nivel económico mucho más provechos.

Por ello, se apunta que en los expedientes debe constar la exposición razonada de las causas por los que es imposible solucionar la situación a través de otros métodos menos restrictivos, como la tramitación urgente del expediente o el trámite negociado sin propaganda con motivo de imperiosa urgencia.