En la localidad costera de Benidorm, Alicante, una empresaria de 54 años ha sido arrestada por la Policía Nacional acusada de múltiples delitos, incluyendo estafa y usurpación de identidad, tras haber supuestamente cobrado ayudas sociales de manera ilícita. Se alega que utilizó la firma digital de una joven empleada, sin su consentimiento, para tramitar solicitudes de asistencia económica.

Las autoridades señalaron que la detenida se aprovechó de la inexperiencia laboral de la víctima, quien había comenzado su primer empleo a los 19 años. Según el informe policial, la joven, que trabajaba en el establecimiento desde febrero de 2019, nunca recibió copias de su contrato ni recibos de su salario, que en su mayoría le eran entregados en efectivo.

En agosto de 2024, la denunciante recibió una notificación de la entidad UMIVALE (SUMA) informándole sobre la concesión de una ayuda por cese de actividad, lo que le resultó extraño, dado que nunca había solicitado tal asistencia. Esto la llevó a investigar su estatus laboral, descubriendo que su nombre había sido utilizado sin su autorización para solicitar ayudas económicas.

Las indagaciones revelaron que la empresaria había tramitado hasta seis solicitudes de distintas ayudas entre 2020 y 2021, acumulando un total superior a 15.000 euros, que fueron ingresados en una cuenta bancaria ajena a la denunciante. Ante estas revelaciones, la joven se vio obligada a presentar una denuncia ante la Policía Nacional, quien comenzó a investigar los hechos.

Los agentes de la Comisaría de Benidorm pronto determinaron que todas las solicitudes habían sido realizadas en línea utilizando la firma digital de la víctima, y que la asesoría con la que había trabajado en su contrato estaba implicada en el proceso. Las ayudas recibidas eran de diferentes tipos, incluyendo una asignación de la Generalitat Valenciana destinada a apoyar a autónomos afectados durante la crisis del COVID-19.

Aparentemente, el dinero de las ayudas fue depositado en la cuenta de la empresa donde la joven trabajaba, lo que vincula aún más a la directora del establecimiento con las irregularidades. Además, se constató que la denunciante había estado dada de alta como autónoma sin su conocimiento, con el objetivo de reducir costos laborales y evadir responsabilidades como empleadora.

La investigación concluyó que la jefa había obtenido indebidamente un total de 12.721,80 euros a través de estas prestaciones fraudulentas. Tras reunir evidencias suficientes, los oficiales se presentaron en el local, donde la empresaria fue detenida mientras estaba en funcionamiento.

Junto a la detención, los agentes solicitaron el bloqueo de los fondos obtenidos de manera fraudulenta en la entidad bancaria correspondiente. El caso ha sido entregado a los juzgados de instrucción de Benidorm para continuar con el proceso legal.