El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, ha expresado su preocupación por la situación del sector agrario tras el devastador impacto de la dana en la Comunitat Valenciana, advirtiendo que las medidas de apoyo hasta ahora implementadas por el Gobierno central y por la Generalitat son, a todas luces, "absolutamente insuficientes".

En un contexto crítico, la organización ha actualizado el balance de pérdidas en la agricultura de la región, que se estima ahora en 1.379,4 millones de euros. Esta cifra se ha incrementado a medida que los agricultores han comenzado a acceder a sus explotaciones y han podido evaluar la magnitud de los daños causados por la inundación. La evaluación inicial, por lo tanto, ha evolucionado, reflejando una realidad mucho más compleja y alarmante.

A un mes de que comenzaran las lluvias torrenciales que desataron la emergencia, AVA-Asaja atribuye el aumento de las pérdidas, en 290 millones, a varios factores. Entre ellos, la mejor evaluación de los daños en infraestructuras, especialmente en sistemas de riego, además de una reducción aún mayor de la esperada en las cosechas y la inclusión de más hectáreas cultivadas y localidades afectadas, en especial en la provincia de Castellón, donde se registraron dos periodos de lluvias intensas, el 30 de octubre y el 13 de noviembre.

La situación es alarmante: las lluvias, inundaciones, granizadas y tornados han dejado "catastróficos" efectos en 50.184 hectáreas agropecuarias repartidas entre 12 comarcas de Valencia y tres de Castellón. Las áreas más afectadas en Valencia incluyen la Ribera Alta, Utiel-Requena, l'Horta Sud y la Ribera Baixa, mientras que en Castellón, el Baix Maestrat, la Plana Alta y el Alt Maestrat sufrieron severos daños.

En términos económicos, AVA-Asaja señala que los daños estructurales han alcanzado los 729 millones de euros, siendo esta la categoría que más pérdidas ha generado dentro del ámbito agrícola. De particular preocupación son los daños en infraestructuras de riego, que ascienden a 300 millones de euros. Muchas de estas entidades, tanto colectivas como individuales, han sufrido daños graves debido a inundaciones, colapsos y obstrucciones, requiriendo en algunos casos una reconstrucción total.

Las instalaciones, como casetas de pozos, han quedado anegadas y muchas han perdido por completo su equipamiento, como bombas y transformadores. Las zonas de riego de la Albufera también han permanecido inundadas durante semanas, y otras infraestructuras hídricas han sido arrastradas por la corriente, dejando inoperativas kilómetros de tuberías y conductos de distribución, que han quedado enterrados o destruidos, haciendo que su recuperación sea un desafío monumental.

A medida que las semanas transcurren, los agricultores también se enfrentan a la realidad de una producción aún pendiente de ser recolectada. Los daños directos se estiman en más de 322 millones de euros, siendo los cítricos, con pérdidas de 212 millones en 21.993 hectáreas, los más afectados. A partir de los eventos climáticos ocurridos el 29 de octubre, los citricultores están viendo un aumento en el número de naranjas y mandarinas que ya no son comercializables, algunas incluso han caído al suelo debido a la excesiva humedad acumulada.

A pesar de las adversidades, AVA-Asaja estima que la dana reducirá en un 15 por ciento la producción de cítricos en la Comunitat Valenciana, lo que representa más de 300.000 toneladas. Aunque esta cifra es significativa, se considera que el sector continuará siendo capaz de suministrar suficiente fruta para satisfacer la demanda en los mercados europeos, aunque ya se están notando aumentos en los precios debido a una oferta reducida.

Por otro lado, otro cultivo que ha sufrido pérdidas importantes es el caqui, que ha sufrido un descenso en su producción del 60% en la comarca de La Ribera, acumulando pérdidas de 64 millones de euros. Esto representa un duro golpe a la capacidad de la industria para satisfacer la demanda, resultando en un incremento de los precios. También se reportan pérdidas en hortalizas de temporada (38 millones) y en aguacates (8 millones).

En cuanto a las producciones que ya habían sido recolectadas, los daños se centran en las plantaciones que han sido arrastradas en parte o en su totalidad. Las hectáreas afectadas incluyen 4.739 en almendros, 3.876 en viñedos, 3.357 en olivar y 1.328 en frutales de hueso, así como 947 en cultivos de cereales. Particularmente en la zona de arroz de la Albufera, el arrastre de materiales y la acumulación de barro afectan a 3.880 hectáreas de arroz, poniendo en riesgo la próxima cosecha si los residuos no son eliminados.

En cuanto al sector ganadero, un nuevo estudio de AVA-Asaja revela pérdidas de 23,5 millones de euros. Las instalaciones ganaderas han sufrido daños por valor de 20,5 millones, mientras que los animales fallecidos representan otros 3 millones. Además, los daños por problemas de asfixia radicular, que requieren replantación, se estiman en 85,5 millones, sumando a los 59,4 millones en parcelas arrastradas que también necesitan ser acondicionadas. Las pérdidas en maquinaria y vehículos agrarios se valoran en 10 millones.

Finalmente, el sector ornamental no escapa a las consecuencias del desastre, con la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana (Asfplant) calculando pérdidas por valor de 150 millones, entre reducción de valor de producción e infraestructuras dañadas.

En este panorama desolador, Cristóbal Aguado ha hecho un llamado urgente al Gobierno, subrayando que las iniciativas de apoyo hasta ahora son completamente inadecuadas para abordar las pérdidas reales del sector agrario. Aguado indica que las ayudas actuales se han calculado de manera que no alcanzan ni el 30% de los daños observados en el campo. Además, muchos agricultores ni siquiera recibirán compensación debido a su estatus o a que su daño no cumple con los criterios establecidos.

Con esta situación crítica, Aguado instó al ministro Luis Planas a tomar acción y convocar de inmediato la mesa técnica prometida para abordar las cuestiones del sector, coordinar esfuerzos entre las administraciones y asegurar que las ayudas sean efectivas y lleguen rápido a quienes las necesitan. Para muchos agricultores, la falta de apoyo financiero ha sido devastadora, y no pueden esperar más tiempo para poder recuperar sus explotaciones y seguir adelante.