VALÈNCIA, 15 Ago.
La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha detectado que el Ayuntamiento de Albal (Valencia) cometió "irregularidades administrativas graves" en la tramitación, financiación y firma del convenio con Adif para la construcción y financiación de la novedosa estación de Cercanías en la ciudad, en la actualidad en ejecución.
Así consta en una resolución de Antifraude fechada el 7 de julio, publicada a fines del mes pasado y consultada por Europa Press. Este informe pone fin a la investigación tras desechar las alegaciones del consistorio, mientras que Adif no ha anunciado ningún escrito.
Los hechos, de los que la agencia tuvo conocimiento al recibir un escrito, se remontan a fines de febrero de 2019 en el momento en que el Ayuntamiento de Albal firmó el convenio con la entidad pública comprometiéndose a dar los terrenos logrados para la estación, restituir el importe de las expropiaciones que abonara Adif (771.033 euros), financiar el 43% de la ejecución de las proyectos del emprendimiento constructivo (2,55 millones de euros, sin IVA) y asumir el coste de cuidado y conservación.
En grupo, el emprendimiento fue adjudicado en el mes de octubre de 2019 por 4,97 millones, de los que el consistorio debía asumir 3,32 millones sin contar licencias, impuestos o cuidado de las instalaciones. Para este gasto, el Ayuntamiento confirmó en el tercer mes del año de 2021 a Antifraude que no disponía de consignación presupuestaria bastante.
Respecto a los terrenos para la novedosa estación, AVAF concluye que 11 años tras el protocolo de colaboración para este emprendimiento, "no se sabe cuál fué el instrumento de administración urbanística" que ha gestionado el Ayuntamiento para la incorporación al dominio público el suelo preciso. Le requirió de este modo el informe de los especialistas municipales, pero el consistorio no lo ha aportado.
Otra de las observaciones de Antifraude es que no constan reportes profesionales, jurídicos o económicos por la parte del Ayuntamiento que justifiquen los aumentos o variantes introducidos en el convenio, tal como que la Intervención municipal confirmó no recibir antes el expediente para su fiscalización.
Según la resolución, tampoco se acreditó el informe que justificara las necesidades del alcalde para remover la referencia al suelo urbanizable no pormenorizado y para integrar una parcela en el emprendimiento. Se comprobó una diferencia de 116.790 euros entre el coste inicial de las expropiaciones (654.243 euros) y el desenlace (771.033) sin estar alentada, al lado de otras ediciones "substanciales" sin estar fundamentadas en reportes de especialistas.
Además, la investigación concluye que el convenio con Adif se firmó a fines de febrero de 2019, antes de terminar el periodo de tiempo de información pública y en el momento en que el Ayuntamiento tenía en vigor el presupuesto prorrogado del ejercicio previo. Entonces tampoco tenía la firma del secretario municipal, una omisión que sigue en la adenda y la prórroga posterior.
En el chato político, Antifraude recopila que el expediente se sometió a enfrentamiento sin el informe preceptivo de la Intervención municipal, algo de lo que alertó un conjunto de la oposición. "El acuerdo plenario incurre en un vicio de nulidad de pleno derecho; no por el hecho de la sepa de fiscalización anterior exigible, sino más bien por la sepa del crédito bastante para comprar los compromisos de costos", destaca.
Cinco meses tras la firma del convenio, el pleno del ayuntamiento desechó las alegaciones y lo aprobó terminantemente con el voto conveniente de nueve de los 17 concejales, nuevamente sin informe de fiscalización. Posteriormente, en el mes de septiembre de 2019 se difundieron las alertas a las partes con intereses "incurriendo los plazos legales" para esto.
Un año después, el alcalde elevó al pleno de urgencia un convenio para cambiar y prorrogar el convenio redistribuyendo las anualidades, con 2 auxiliares a las 4 previstas, algo que se aprobó en el momento en que "no se saben las causas que motivan esta necesidad" y no se justificaba con ningún informe. Es algo que el primer edil argumentó en la situación inusual por la pandemia, pero Antifraude apunta que se propuso en el mes de mayo de 2020 y se aprobó cinco meses después.
A nivel económico, la resolución recopila la observación de la Intervención municipal de que el Ayuntamiento debía tomar medidas para eludir el "peligro" de incumplimiento del techo de gasto contemplado en el presupuesto de 2020, tal como que no se remitió la modificación del convenio al Tribunal de Cuentas.
En sus alegaciones, el consistorio aseguró que no había incurrido en ningún deber de información, que las aportaciones comprometidas "adecuadamente consignadas" y que los terrenos se adquirieron cumpliendo la legislación urbanística en base al interés público, aparte de proteger que el emprendimiento se realiza "de manera compartida, naturalmente eficaz, sin ápice de duplicidad y por la técnica de la cooperación".
Sin embargo, AVAF responde que el consistorio no tiene rivalidad para financiar la construcción de la estación y que podría ejercerla delegándola con financiación bastante, siempre y cuando se garantice sus sostenibilidad financiera y no haya duplicidad.
Advierte además de esto que el Ayuntamiento está cofinanciando las proyectos y reembolsando el coste de las expropiaciones a un precio superior al que Adif abona a la mercantil y a los dueños de los terrenos, respectivamente. "No llega a entenderse la regulación introducida", afirma.
Por todo ello, Antifraude desecha las alegaciones y sugiere al consistorio comprobar de trabajo los pactos del pleno adoptados en 2019 y 2020 y efectuar una investigación pormenorizado de los costos reales asumidos por Adif una vez se liquide el convenio, aparte de apreciar la viable exigencia de responsabilidades a la gente competidores en la tramitación y ejecución. Albal tiene un período de tres meses para remitir la información requerida.
