El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de València ha emitido una sentencia condenando al Ayuntamiento de València a pagar una indemnización de 40.542,065 euros a una empresa a la que erróneamente se le cerró un alquiler turístico.

La resolución, obtenida por Europa Press, indica que el juzgado ha aceptado parcialmente el recurso presentado por la empresa afectada, Penfeld Assets SL --Arquibérica--, quien reclamaba compensación por los daños sufridos como consecuencia del cese de una actividad lícita.

El Ayuntamiento ha sido declarado responsable y deberá abonar a la empresa la cantidad mencionada, así como los intereses legales desde el momento en que se presentó la reclamación administrativa.

La empresa, representada por el abogado Mario Gil Cebrián, es propietaria de un inmueble donde operaba un negocio de tipo 'hostal'. Según su demanda, sufrieron pérdidas económicas debido a un cierre ilegal provocado por un error en la interpretación de la normativa por parte del Ayuntamiento.

La empresa argumenta que hubiera sido fácil comprobar que el inmueble tenía un uso terciario, ya que estaba inscrito como una oficina en el Registro de la Propiedad. Además, presentaron la documentación necesaria para cumplir con la normativa municipal.

El juzgado encontró que la Administración cometió un error al cerrar el negocio sin fundamentos legales suficientes. La falta de actuación adecuada causó a la empresa pérdidas financieras y daño a su reputación.

El proceso judicial se dio por terminado cuando la Administración reconoció su equivocación y anuló la resolución impugnada sin necesidad de litigar. Sin embargo, la empresa reclama una compensación por los perjuicios sufridos.

El juzgado señaló que ambas partes coinciden en que hubo un error por parte del Ayuntamiento, pero discrepan en cuanto a si la empresa podría haber evitado las consecuencias negativas. El juzgado determinó una responsabilidad compartida del 50% en este caso.

En conclusión, el Ayuntamiento de València ha sido condenado a pagar una indemnización de más de 40.000 euros a la empresa afectada por un cierre injustificado, dejando en evidencia las consecuencias de una actuación administrativa negligente.