En un reciente discurso, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha lanzado una dura crítica a la situación de inseguridad que viven los agricultores en la Comunitat Valenciana. Según Barrachina, la falta de vigilancia en el medio rural ha permitido que se instale una sensación de impunidad entre los delincuentes, lo que ha llevado a muchos agricultores a abandonar sus cultivos por el temor a los robos frecuentes.

El conseller ha pedido explícitamente a la delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé, que refuerce la presencia de la Guardia Civil en los campos. Barrachina opina que, a pesar de la eficacia reconocida de la Guardia Civil, la delegada no está utilizando a sus efectivos de manera adecuada para abordar este creciente problema de delincuencia rural.

En una entrevista con Europa Press, Barrachina destacó la preocupación por no solo los robos, sino también la creciente población de jabalíes que está causando estragos en el sector agrícola. Mencionó que ha habido solicitudes constantes tanto en público como en privado para incrementar las patrullas y proteger las explotaciones agrarias de los hurtos.

Entre las soluciones propuestas, el conseller sugirió un endurecimiento del Código Penal para abordar la reiteración de robos, asegurando que no se puede permitir que esta actividad delictiva se normalice sin consecuencias. La solicitud de medidas más severas refleja la urgencia de proteger a los agricultores, quienes se sienten desamparados ante esta situación.

Además de los desafíos de seguridad, Barrachina se refirió a la problemática de los jabalíes, cuya sobrepoblación ha sido reconocida en 440 municipios de la región. Según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), los daños ocasionados ascienden a pérdidas económicas que rondan los 50 millones de euros.

Para mitigar estos daños, la Conselleria ha puesto en marcha incentivos que promueven el cultivo de tierras abandonadas, especialmente entre los jóvenes. Barrachina enfatizó también que la caza ha aumentado de manera significativa, lo que debería haber sucedido desde el principio para controlar adecuadamente la fauna salvaje.

El conseller no dudó en culpar a una ideología que ha criminalizado la figura del agricultor y el cazador, lo que ha permitido que la proliferación de jabalíes alcance niveles alarmantes. Según él, la Generalitat está ahora favoreciendo todas las solicitudes de batidas que hacen los cazadores, poniendo fin a las restricciones que antes limitaban estas prácticas.

En el contexto de las sanciones, Barrachina aclaró que se han endurecido las multas para quienes interfieran en la caza, elevando la infracción de leve a grave, con sanciones que pueden llegar a 3,000 euros, lo que busca disuadir a quienes podrían obstaculizar la labor de control.

El conseller también defendió la importancia del cazador como un actor vital en la gestión del medio ambiente, y consideró que es imprescindible restaurar el equilibrio que se ha perdido en políticas anteriores. Aseguró que el gobierno trabajará durante toda la legislatura para combatir la sobrepoblación de fauna salvaje en sus campos.

En cuanto a la propuesta de que los agricultores sean compensados por sus contribuciones medioambientales, Barrachina expresó su apoyo. Argumentó que, al igual que quienes contaminan tienen que pagar, los agricultores que ayudan a depurar nuestro aire deberían recibir reconocimiento y compensación por su labor esencial. Subrayó que, aunque existen limitaciones impuestas por la Unión Europea, se han destinado 17 millones de euros en ayuda para agricultores afectados por la sequía.

Barrachina destacó que incluso las tierras sin cosecha han desempeñado un papel importante en la prevención de incendios, y mencionó iniciativas que benefician a ganaderos que manejan terrenos de pastoreo, que a su vez contribuyen a la creación de cortafuegos naturales. Con estas medidas, el Gobierno busca un balance que favorezca tanto la agricultura como la preservación del entorno.