Camarero se siente atacado por colectivos LGTBI y defiende su responsabilidad en controlar las ayudas.
Un escándalo surge en torno a la solicitud de la asociación Lambda de aumentar los decibelios permitidos para la fiesta del Orgullo en la plaza del Ayuntamiento de València, generando controversia en la comunidad.
VALÈNCIA, 17 May.
La vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha expresado su asombro ante la "campaña" emprendida por algunos colectivos LGTBI que acusan a su departamento de interferir en la organización del Orgullo. Camarero sostiene que es su responsabilidad supervisar las ayudas otorgadas a estas asociaciones y niega cualquier forma de discriminación por parte del actual Consell.
En una rueda de prensa en la sede del PPCV, Camarero cuestiona la molestia expresada por los colectivos Lambda, Ageval y FELGTBI+ ante las presuntas "injerencias" de la Generalitat en la organización del Orgullo y subraya que se han llevado a cabo reuniones desde diciembre para coordinar el evento.
La vicepresidenta destaca que han aumentado un 50% las ayudas a entidades que promueven la diversidad y que Lambda ha recibido más de un millón de euros en subvenciones del Consell actual, desmintiendo cualquier falta de reconocimiento o cierre de instituciones hacia dichas entidades.
Por otro lado, Camarero revela que Lambda solicitó aumentar el nivel de ruido de la fiesta posterior a la marcha del Orgullo en València por encima de los 90 decibelios permitidos, lo cual no cumple con la ordenanza municipal y requiere buscar otra locación para cumplir con las regulaciones establecidas.
La negativa de Lambda a participar en una reunión con representantes de la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento para organizar el Orgullo ha generado aún más polémica, con Camarero invitando abiertamente a la entidad a sumarse a los actos programados.
En medio de la controversia, partidos de oposición y entidades del colectivo LGBTI se manifiestan frente al parlamento valenciano para protestar por lo que consideran retrocesos, falta de reconocimiento a entidades y cierre de instituciones en la lucha LGTBI por parte de la Generalitat.