Reitera que su inocencia y demanda una "persecución mediática" contra cargos del PP investigados con "cuentos falsos" y "patrañas"

VALÈNCIA, 17 Ene.

El expresident de la Generalitat Valenciana y del PP de la Comunitat Valenciana Francisco Camps ha asegurado que dimitió de sus cargos en 2011 como jefe del Consell pues trató de "probar que los integrantes del PP teníamos mucho más dignidad que los socialistas, marxistas y proetarras". "No deseé llevar al 'president' de la Generalitat al banquillo, deseaba ganar éticamente a quienes deseaban usar la instrucción para eliminar a personas y partidos democráticos", ha defendido.

De este modo lo ha manifestado Camps a lo largo de la charla 'La Pena de Telediario"' estructurada por el Foro 2020 y conmemorada este martes en el Casino de Agricultura de València, a lo largo de la que ha insistido en que fué víctima de una "persecución mediática" contra los integrantes del PP investigados en las diferentes métodos judiciales relacionados con la corrupción construida con "cuentos falsos" y "patrañas".

En esta línea, ha considerado que la política "el día de hoy no es interesante" por los "procesos masivos" sobre la actividad política, una situación que ha atribuido a un "incesante empeño por politizar la justicia". "Padecemos por igual jueces y políticos, los unos que se ven etiquetados como progresistas o conservadores y los otros cuyas pretensiones se truncan por intereses espúreos", ha señalado.

De este modo, ha alertado de que el estado de derecho se vió "dificultosamente perjudicado" por "el ataque al honor de la gente" y su imagen pública, un ámbito que "viola el derecho primordial a la presunción de inocencia". También ha denunciado que la "condena política" antes de un juicio es un hecho "bastante recurrente" y que, en estas situaciones, el perjudicado "llega al juicio despellejado".

En este punto, ha asegurado que en España "se viola" la presunción de inocencia y ha acusado de esto a los medios, a través de sus "enormes despliegues informativos en el instante de la detención de los damnificados", ocasionando con esto "una condena popular en ese momento". "Son los primeros que se enteran de todo, ¿quién les informa?", se ha preguntado.

De esta forma, ha advertido de la presencia de un "juicio ajeno del que se ajusta a los jueces y tribunales" que, "aparte de dañar la imagen de cualquier persona", se hace "una condena ajeno de la ley" y, por lo tanto, "la destrucción de la presunción de inocencia, que ya es una condena por el alargamiento de la instrucción, puesto que cubre considerablemente más años que la hipotética condena".

También ha alertado de la "estigmatización" de los procesos de los que se considera víctima, con "la aparición de infiltraciones", una "práctica ilegal" que ha denunciado que "absolutamente nadie persigue". "Además de añadir daños irreparables, habitualmente destroza el derecho de un juicio con garantías", ha sostenido.

El expresidente del PP de la Comunitat Valenciana ha asegurado que la "enorme mayoría" de integrantes de su partido comprometidos en procesos "se han enterado por la prensa" de cuestiones similares sobre su situación, donde ha censurado que se reproducen documentos que "tienen dentro elementos de la vida privada de la gente".

De este modo, ha criticado las "infiltraciones con intereses" que "se manipulan" para hacer "espectáculo televisivo, sátira y broma". "He visto sacrificios expepcionales por exagerar (...), les molestaba y deseaban trasmitir que éramos responsables", ha insistido. También ha cargado contra la UCO y la UDEF, al garantizar que van "alén de lo que les resulta exigible" y "avanzan la calificación jurídica que les toca solo a los jueces".

Camps ha sostenido que en España la famosa como 'pena de telediario' es "cuádruple", ya que a la "absoluta desproporción" se aúna "la tergiversación, la manipulación de los interrogatorios, reportes o afirmaciones" y todo ello "influye en el ámbito de toma de resoluciones".

Simultáneamente, ha considerado que hay una "desinformación" e inclusive "ocultación" de información en el momento en que el trámite judicial termina en un sobreseimiento, en especial de "ciertos medios" a los que ha acusado de tratar temas mucho más graves de manera "minúscula o nula" en el momento en que afectan a personas de izquierda que en el momento en que lo son a "políticos del PP".

El expresident valenciano aseguró que la "eternización" de los métodos judiciales resulta ser una "genuina tortura" que termina "demoliendo las ocupaciones expertos" y suponiendo "la ruina económica" de los damnificados gracias a la "presión mediática".

En este punto, hizo hincapié en que en un par de semanas va a hacer 14 años que su historia "dio un giro inesperado" y ha aceptado que "nunca" imaginó "lo que podría acontecer", que fue "perseguido de manera insuperable". "Ya hace 14 años, cada día me he visto envuelto en coches, providencias, reportes, indagaciones, normas, imputaciones, sentencias, ficheros sobreseimientos, elementos y apelaciones", ha enumerado.

Además, ha lamentado que exactamente gracias a su situación judicial "de año en año aplicados" a la Comunitat Valenciana, València y España se han "hecho añicos" por "cuentos distorsionados y tergiversados" que le han "paralizado completamente" en una situación "mantenida en el tiempo".

"Un total de 79 causas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción terminaron el fichero, sobreseimiento o absolución. Han perjudicado a 235 personas del Partido Popular o próximas que vieron sus vidas truncadas, sus familias desechas, sus economías asoladas. No hay compensación viable a tanta angustia", ha incidido.

Por todo ello, ha solicitado que "las cosas que de esta manera han ocurrido no vuelvan a ocurrir" tras demandar que la Fiscalía Anticorrupción "habría de ser auditada para investigar las causas abiertas, sus desenlaces y el efecto sobre la gente de su acción". También apostó por que los ministerios de Justicia y también Interior cuantifiquen "el daño gastado" que ha acabado en "causas sin condena" y ha demandado "responsabilidades administrativas" por este "dispendio".

A lo largo de su intervención, Francisco Camps ha lamentado que su imagen fué "vapuleada", una situación que, a su juicio, resulta "inenarrable". "Se me han atribuido regalos adjudicaciones, malversación, blanqueo, pertenencia a organización criminal, estafa... se dió por hecho que he cometido toda clase de irregularidades", ha sostenido.

Sobre su dimisión como responsable autonómico, ha subrayado que decidió dejar el cargo por el hecho de que no deseaba "ser objeto de enfrentamiento de las selecciones repentinas y no dañar a Rajoy y al partido" ni tampoco "llevar al 'president' al banquillo".

En determinante, indicó que pretendía "ganar éticamente a quienes empleaban la instrucción para eliminar a la gente y partidos democráticos". "Deseé probar que teníamos mucho más dignidad los del PP que los socialistas, marxistas y proetarras", ha argumentado, mientras que ha insistido en que su caso es un "ejemplo claro" de que en España "no solo es el acusado el que debe proteger su honor sino socialmente queda estigmatizado".

Por otro lado, asimismo se ha referido al comienzo del juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación a Orange Market del expositor de Fitur 2009, planificado para este 23 de enero, y ha lamentado que hoy "tras probar en nueve oportunidades que las acusaciones son injustificadas" prosigue encausado al unísono que ha cargado contra los socialistas y contra una izquierda que "no posee iniciativa ni emprendimiento".

"Podría opinar en el fallo de unos y otros antes que de un plan preconcebido para eliminar, pero el PSOE transporta 40 años metiendo la mano en la justicia", ha zanjado, y ha insistido en que todas y cada una de las acusaciones "fueron producto de conjeturas".