El preocupante escenario de desfalco y apropiación indebida ha salpicado a una asociación en Sant Vicent del Raspeig, Alicante, llevando a la detención de su expresidenta. La implicada se enfrenta a serias acusaciones tras la detección de un desfalco que asciende a la escalofriante cifra de 53.716,36 euros, además de impagos que superan los 44.000 euros, correspondientes al tiempo en que ejerció su cargo. Este escándalo pone de manifiesto la grave falta de control que puede existir en entidades que, supuestamente, deben velar por el bienestar de la comunidad.

La situación fue llevada a conocimiento de la Policía Nacional por la actual representante legal de las asociaciones afectadas, quien detectó una "importante merma" en la liquidez de las cuentas. Este tipo de alertas se hace cada vez más necesario en un clima donde la transparencia es fundamental para evitar la corrupción y el abuso de poder dentro de organizaciones que operan con fondos públicos y de donaciones de particulares.

Al inicio de las investigaciones, la nueva junta directiva se encontró con serias irregularidades al intentar comunicarse con los contactos que la expresidenta había dejado en la entidad bancaria. Que tales individuos no trabajaran para el banco encendió las alarmas sobre la gestión que había llevado a cabo la expresidenta. La falta de transparencia en la administración de la asociación y la concentración de poderes en una sola persona generan graves riesgos para la integridad económica de estas instituciones.

A mayor abundamiento, el tesorero de la anterior junta afirmó que renunció a su puesto porque nunca tuvo la capacidad de operar con las cuentas. Solo se le permitió consultar los saldos, lo que refuerza la inquietud sobre la gestión ineficiente y poco responsable de la expresidenta. Sus funciones estaban limitadas a elaborar presupuestos e informes anuales, dependiendo del acceso a la información proporcionada por la presidenta, quien tenía el control absoluto sobre las cuentas.

En lugar de realizar los pagos directamente, el tesorero debía notificar a la presidenta sobre las obligaciones pendientes, dejando el cumplimiento de estas en manos de la expresidenta. Esta falta de control y supervisión por parte de otros miembros de la junta es un claro ejemplo de las deficiencias en la gobernanza de la asociación, lo que llevó a una profunda crisis económica.

Después de la dimisión del tesorero y de otros miembros de la junta, la expresidenta se quedó con el control total de las cuentas, y fue incluso nombrada como tesorera, consolidando así su monopolio sobre los ingresos y gastos de la organización desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2023. Este acaparamiento de poder es alarmante y debería servir como lección sobre la importancia de la supervisión interna en cualquier entidad.

La expresidenta, por tanto, gestionaba unilateralmente la economía de las asociaciones, sin proporcionar ningún tipo de informe a los demás miembros de la junta, lo que se tradujo en balances y presupuestos que se sospecha eran ficticios. Esto revela un patrón de comportamiento destinado a ocultar la verdad sobre la gestión financiera de la organización y a facilitar el desvío de fondos.

La investigación desveló que la expresidenta, en su papel dominante, tiene presuntamente la capacidad de apropiarse indebidamente de una suma sustancial en el transcurso de los últimos años. Desde noviembre de 2019 hasta septiembre de 2021, se menciona que realizó transferencias a sus propias cuentas, un acto que, de confirmarse, constituye un grave delito que socava la confianza en las organizaciones del tercer sector.

La situación económica de las asociaciones afectadas ha quedado en un estado preocupante, con una caída drástica de su liquidez, que pasó de 50.000 euros a menos de 400 euros. Además, los nuevos directivos se encontraron con impagos que suman más de 44.000 euros, una herencia económica que pone en duda la viabilidad futura de estas organizaciones.

Finalmente, tras reunir pruebas sobre la supuesta implicación de la expresidenta en estos hechos delictivos, la Policía Nacional la detuvo. La arrestada, de 30 años y nacionalidad española, se enfrenta a graves cargos por apropiación indebida. Todo lo actuado por la Policía ha sido remitido a los Juzgados de Instrucción de Guardia de Alicante, donde se empezará a llevar a cabo el proceso correspondiente.