En un análisis crítico del año que concluye, el sindicato CCOO PV ha señalado la necesidad de un "cambio de rumbo" en la agenda normativa del Consell liderado por Carlos Mazón. Según la organización, la actual estrategia se caracteriza por una preocupante desregulación en aspectos fundamentales como los servicios públicos, la vivienda y la respuesta a la emergencia climática, a la que califican como una injerencia notable, evidenciada en la reciente catástrofe provocada por la dana del 29 de octubre.

Ana García, la secretaria general de CCOO PV en la Comunitat Valenciana, ha elaborado un balance de lo que describe como un 2024 marcado por la "hoja de ruta neoliberal y regresiva" del gobierno de Mazón. Entre sus críticas, destacan la "reducción de impuestos a las rentas más altas" y los constantes "incumplimientos" en materia de negociación colectiva, a pesar de la ruptura con Vox, lo que refleja una profunda insatisfacción con la gestión actual.

El sindicato ha puesto ejemplos específicos de esta desregulación, señalando la reciente "ley estrella" de simplificación administrativa, que introduce cambios significativos en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. Esta ley, según CCOO PV, permite la construcción de desarrollos hoteleros en terrenos no urbanizables cercanos a la costa y modifica los plazos y objetivos de la ley valenciana de cambio climático y transición ecológica, lo que representa un retroceso en las políticas de protección ambiental.

Además, critican el decreto de urgencia que elimina impuestos ambientales destinados a financiar una transición ecológica justa. Desde la perspectiva de CCOO PV, la ley de simplificación también limita la participación de la sociedad civil en la evaluación y supervisión de las políticas públicas, algo que consideran fundamental para el funcionamiento democrático.

Otro aspecto señalado es el anteproyecto de ley de ordenación de la costa, que según CCOO PV, disminuye la protección territorial al reducir las sanciones en un 50% en comparación con otras normativas urbanísticas, priorizando la actividad económica a expensas de la preservación del medio ambiente.

En el contexto de la vivienda, Ana García ha resaltado que hemos de enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad. CCOO PV ha cuestionado las modificaciones normativas del Consell, especialmente la desclasificación temprana de protecciones, lo que consideran un desprecio por los esfuerzos realizados en los últimos años para garantizar el acceso a viviendas a precios asequibles a los valencianos.

En este sentido, la secretaria general ha instado a que se aplique la calificación permanente, así como la designación de zonas tensionadas, con el objetivo de afirmar que la vivienda debe ser un derecho fundamental y no únicamente un objeto de mercado.

García también ha manifestado su rechazo a las primeras leyes impulsadas por el Consell, durante la alianza entre PP y Vox, que, según ella, comparten una agenda ideológica que frena el progreso social en la Comunitat Valenciana.

Particularmente esgrimió duras críticas hacia la ley de libertad educativa, que considera un intento de desdibujar la lengua valenciana y dividir a la comunidad educativa; así como a la ley de concordia, la cual tacha de banalisar la memoria de las víctimas del franquismo y el derecho a la reparación.

Además, García identifica otras modificaciones legislativas que han contribuido a debilitar la democracia, enfocándose en la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la Agencia Antifraude y la ley de transparencia y buen gobierno.

Asimismo, en relación con la tragedia de la dana, CCOO PV ha recordado que, dos meses después de la pérdida de 224 vidas y la desaparición de tres personas a raíz de una gestión infructuosa de la emergencia, persisten "déficits considerables" en infraestructuras, limpieza y en la atención a personas con problemas de salud, junto con la ineficiencia del transporte público.

En contraste, ha celebrado que, por fin, se haya considerado la propuesta del sindicato para complementar las prestaciones a personas afectadas por ERTE a causa de la fuerza mayor, estableciendo un pago único de 360 euros. Ana García ha informado sobre un seguimiento programado para marzo que evaluará la posibilidad de realizar un segundo pago si las circunstancias lo requieren.

En resumen, Ana García ha enfatizado que aún quedan "muchos desafíos por afrontar en el ámbito del diálogo social", comenzando por una transformación del modelo productivo que promueva un empleo inclusivo y sostenible, en un periodo en que persisten inquietudes sobre la salud de la economía valenciana.