Los hombres de negocios denuncian que la infrafinanciación autonómica "agudiza" este perjuicio y requieren un cambio de modelo de financiación

ALICANTE, 19 Oct.

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la Cámara de Comercio de Alicante y del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), han acudido este miércoles a Madrid para denunciar la inversión pública estatal en la provincia y reclamar que los PGE de 2023 reviertan la "grave discriminación" y la "desigualdad territorial" que padece Alicante ya hace 15 años.

Tanto el presidente de la CEV, Salvador Navarro, el de CEV Alicante, Joaquín Pérez, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño y el presidente de Ineca, Nacho Amirola, han comparecido para enseñar sus reclamaciones en todo el país, como una parte del plan de acción consensuado entre las tres organizaciones que apela a la unidad de la sociedad para mudar el emprendimiento de capitales, reportan un aviso grupo.

Según han explicado, las inversiones en la provincia de Alicante se fueron reduciendo desde los PGE de 2018, en el momento en que alcanzaron un valor de 579'3 millones. Sin embargo, para el año próximo solo hay inversiones previstas de 160,8 millones.

De hecho, se puso encima de la mesa que Alicante tiene un déficit juntado de 3.539 millones de los PGE desde 2018 al no recibir las inversiones acordes a la población, cifra a la que cabe sumar 300 millones para 2023. "De esta forma, cada alicantino va a recibir el año próximo en inversiones 85'48 euros, 198'24 euros menos de lo que va a recibir de media un ciudadano habitante en otra provincia de España", han subrayado.

Por su parte, Amirola ha denunciado que "pese a acrecentar la cuantía de los PGE 2023 en un 3,3%, la inversión que va a recibir la provincia va a ser, si nada lo soluciona, de un 12,3% menos que en 2022. Solo en los últimos tres años hubo un recorte del 36,8%, ha expuesto.

"Además, padecemos una doble infrafinanciación. La primera, con una intrascendente inversión. La segunda, con la ejecución, puesto que se invierte verdaderamente un 42% de los que se ha presupuestado. Es desgraciadamente lamentable que los capitales, encima de ser bajos, no se ejecuten ni en la mitad", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado la "grave contrariedad" que piensa "la carencia de información para hacer un conveniente rastreo de las inversiones verdaderamente ejecutadas por cada partida". "Las gestiones públicas, estatales y autonómicas nos reportan documentos con los que es imposible trabajar y cuyo rastreo y control se transforma en una labor enorme, con falta de aspecto y absoluta falta de transparencia", ha añadido.

En exactamente la misma línea, Baño ha remarcado que "este Gobierno ha elaborado el peor presupuesto de la historia para la provincia de Alicante" y ha aseverado que la Generalitat "es corresponsable, por el hecho de que no puede permitir que nos lleguen unos capitales como estos".

"Dada esta situación no poseemos mucho más antídoto que decir 'se terminó' y deseamos movilizar a toda la sociedad alicantina, asimismo a los partidos, para expresar nuestro malestar y reclamar lo que nos corresponde", dijo.

Para Pérez, Alicante es "la provincia peor tratada de este país en lo que se refiere a inversión pública estatal" y ha advertido que "esto tiene un prominente peligro de fracción y de desigualdad territorial". Por ello, ha demandado "una contestación urgente de los miembros del congreso de los diputados y miembros del senado que hemos escogido en Alicante" y que el Gobierno estatal "respete el método de igualdad entre ciudadanos".

Por último, Navarro se ha referido a la financiación autonómica como "agravante" a la situación que vive la provincia de Alicante y ha solicitado la reforma del modelo de financiación que "prosigue bloqueada", ha asegurado.

Además, ha detallado, en este sentido, que "hace prácticamente un lustro se entregó una iniciativa de cambio por la parte del conjunto de especialistas desarrollado al efecto y, pese a las distintas movilizaciones y los cambios de Gobierno, prosigue pendiente la iniciativa sobre el cálculo de financiación autonómica anunciada para el pasado septiembre por la parte de la Ministra de Hacienda".

En 2023, cada valenciana y valenciano va a recibir 360 euros menos que la media estatal y 1.156 euros menos que la autonomía mejor sustentada económicamente. "Estas diferencias son la causa primordial de nuestros mayores déficits presupuestarios", ha asegurado Navarro, quien ha demandado a los partidos en el Congreso de los Diputados "que ayuden, que sean causantes y que se impliquen a fin de que el cambio de modelo sea una situación y sea justo".

Para ello, ha incidido, el nuevo servicio de financiación debe usar solo el método básico de población ajustada para todos los bloques de servicios públicos y los criterios básicos para el cálculo tienen que fundamentarse en criterios rigurosamente profesionales.

Durante la rueda de muestra los representantes de las tres organizaciones han anunciado el sitio web www.alicantemerecemas.com al objeto de que la sociedad civil se una a esta causa y se sume al manifiesto "En defensa del confort popular de la ciudadanía de la provincia de Alicante" en el que se arguye el rechazo al Proyecto de Ley de Presupuestos por ser completamente opuesto a los intereses y al futuro de Alicante.

Junto al manifiesto se han planificado una sucesión de acciones entre aquéllas que está la celebración de una concentración en frente de la subdelegación de Gobierno en Alicante y se demandará el cumplimiento de la Ley de Transparencia respecto a la ejecución de las partidas presupuestarias y la manera en la que se proponen los datos.