Un grupo de destacados representantes del ámbito empresarial y sindical de la Comunitat Valenciana han expresado su profundo desacuerdo respecto a la situación actual del sistema de financiación autonómica, calificando la falta de consenso entre los partidos políticos como un acto que atenta contra la Constitución. A través de un comunicado, estas organizaciones han solicitado una reforma integral y equitativa que se lleve a cabo de manera abierta y en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Los líderes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), CCOO PV y UGT PV han enfatizado que cualquier cambio en un sistema que impacta a quince comunidades autónomas, así como a la Administración General del Estado, no puede ser decidido de forma unilateral. Afirman que esto compromete la lealtad institucional y desdibuja la estructura constitucional del país.

Instan, por tanto, a que cualquier discusión sobre la adaptación del sistema de financiación se realice de forma multilateral y bajo la transparencia que demanda el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que está diseñado específicamente para este tipo de negociaciones. Arguentan que no se puede permitir que acuerdos bilaterales influyan en decisiones tan importantes que afectan a la totalidad de los ciudadanos.

Los representantes del sector laboral y empresarial han defendido que un modelo de financiación adecuado debe basarse en principios de equidad y criterios objetivos que aseguren igualdad en el acceso a servicios públicos esenciales, tal como estipulan los artículos 138.2 y 139 de la Constitución Española.

Además, subrayan que el enfoque del debate debería centrarse en las necesidades de la población y no en cuestiones sobre balanzas fiscales que, según acusan, carecen de fundamento jurídico y son susceptibles a la manipulación política.

La propuesta de CEV, UGT y CCOO es que el modelo de financiación se estructure sobre principios fundamentales como la suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad, solidaridad y cohesión, reflejando así el consenso social y los mandatos constitucionales. En este contexto, han solicitado una mayor inversión estatal que atienda a la población ajustada y que fomente la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.

Asimismo, han hecho hincapié en la necesidad de revisar el estatus de los regímenes forales, cuyo aporte a la solidaridad interterritorial es considerado insuficiente. Éstos han citado una serie de prioridades históricas que, según ellos, deberían ser abordadas con urgencia, como la creación de un sistema de financiación que garantice un modelo equitativo y transparente.

Las organizaciones también han reclamado el reconocimiento y la compensación de una supuesta deuda histórica generada por una infrafinanciación crónica, así como inversiones federales proporcionales a la población de la Comunitat Valenciana, corrigiendo así déficits acumulados a lo largo de los años. Entre las reivindicaciones también se incluyen mecanismos transitorios que proporcionen recursos inmediatos hasta que se implemente un nuevo modelo definitivo.

De acuerdo a estos agentes sociales y económicos, la legislación vigente en materia de financiación, concretamente la Ley 22/2009, fue concebida como una solución temporal que requería revisiones periódicas. Critican que desde 2014 no se haya llevado a cabo esta revisión, lo cual consideran una irregularidad que socava principios constitucionales fundamentales y agrava la situación de ineficiencia en el modelo actual.

Estos representantes han citado jurisprudencia del Tribunal Constitucional que podría fundamentar la inconstitucionalidad del actual sistema de financiación, argumentando que las disparidades en la financiación deben tener criterios claros y justificaciones válidas. La ausencia de estos principios ha llevado a un estado de inequidad en la distribución de recursos, lo que afecta a la autonomía de varias comunidades.

Alertan que esta disfunción no solo afecta a la equidad distributiva, sino que también pone en riesgo la funcionalidad del modelo de Estado de las Autonomías, condenando a algunas comunidades a un patrón estructural de infrafinanciación. Por eso, hacen un llamado urgente a las fuerzas políticas para que actúen y eviten el estancamiento que permite la violación constante de los mandatos constitucionales.

Los voceros de CEV, CCOO y UGT han reiterado su decisión de luchar por un nuevo modelo de financiación que sea transparente, justo y que asegure que cada ciudadano cuenta con servicios públicos debidamente financiados, promoviendo la equidad y la responsabilidad en el ejercicio del autogobierno de las comunidades autónomas.