La organización Greenpeace ha pedido que se reduzca el volumen de agua del regadío en España para lograr una transición hídrica justa y garantizar la supervivencia de todos, ya que consideran que "no hay agua para tanto regadío". La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha presentado el informe 'La burbuja del regadío en España', donde se explican las zonas con mayor riesgo y se alerta sobre la "insostenibilidad del regadío".

El informe señala que desde 2004 a 2021 los regadíos "legales" han aumentado al menos en 536.295 hectáreas, lo que supone que la extensión de regadío ha aumentado un 16 por ciento entre 2004 y 2021. Las comunidades autónomas con mayor superficie de regadío son Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura, Cataluña y Región de Murcia. De hecho, las tres primeras suman el 56 por ciento de todo el regadío en España.

El responsable de la campaña de agua de Greenpeace, Julio Barea, ha advertido de que las señales de alarma son evidentes, ya que España es el segundo país con más estrés hídrico de Europa y tiene un 75 por ciento del territorio en riesgo de desertificación. Barea considera que el ahorro en el consumo se centra en el uso urbano e industrial y no en la agricultura, sector que recibe el 80 por ciento del agua. Además, el regadío se concentra cada vez en menos manos, lo que no ayuda al fortalecimiento rural sino al enriquecimiento de cada vez menos personas a costa de la futura escasez de la mayoría.

Ante este panorama, Greenpeace ha señalado que es necesario recortar el regadío en zonas tensionadas, con la Comunitat Valenciana siendo la segunda autonomía con mayor porcentaje de regadíos en dichas zonas, con un 32,88%. La organización ve conveniente hacer un análisis socioeconómico de las explotaciones con los afectados. Además, el informe apunta que el 13,8 por ciento de los regadíos están sobre zonas que afectan a espacios naturales protegidos y de gran interés ecológico como el Mar Menor, las Tablas de Daimiel y Doñana, donde su estado es "algo crítico".

Greenpeace ha insistido en que es necesario que los partidos políticos definan su postura ante este problema durante las elecciones generales del 23 de julio para que el electorado sepa cuáles son las propuestas que protegen el agua, a las personas y los ecosistemas. La organización ha pedido a los ciudadanos que exijan un "compromiso medioambiental inequívoco a sus dirigentes".