En un impactante operativo llevado a cabo en Elche, Alicante, la Policía Local, en colaboración con la Policía de la Generalitat, ha cerrado un centro ilegal de atención a personas dependientes dentro de una vivienda unifamiliar. Esta acción se produce tras la trágica muerte de un joven de 34 años que padecía parálisis cerebral, un caso que ahora está bajo la investigación de la Policía Nacional.

Las autoridades encontraron en el lugar a varios individuos con discapacidad intelectual, así como síndromes como el de Down y autismo, muchos de ellos en condiciones de extrema vulnerabilidad, según información proporcionada por el Ayuntamiento de Elche en un comunicado oficial.

La propiedad no cumplía las normativas mínimas para la atención de personas dependientes, manifestando una serie de deficiencias higiénico-sanitarias inaceptables. Los agentes informaron de la presencia de restos orgánicos, olores nauseabundos provenientes de orina y excrementos, así como camas y colchones en condiciones deplorables, todo ello en un ambiente con escasa ventilación.

Además, se identificaron serios problemas en las áreas comunes, como la cocina y los baños, donde se hallaron alimentos en mal estado y electrodomésticos que no recibieron el mantenimiento adecuado, lo que generaba un elevado riesgo de contaminación. Las habitaciones estaban tan deterioradas que estaban infestadas de animales, como perros y gatos, que carecían de la documentación necesaria y no contaban con controles sanitarios.

Los encargados del lugar, un matrimonio de 58 y 48 años, admitieron que operaban sin las licencias correspondientes ni autorización alguna para llevar a cabo dicha actividad. A esto se suma el hecho de que no disponían de seguros de responsabilidad civil, ni contaban con la formación profesional requerida para atender a personas en situación de dependencia.

Según sus propias declaraciones, cobraban entre 30 y 45 euros diarios a las familias por cada persona, actuando completamente al margen de la legalidad y sin ningún tipo de supervisión del sistema de seguridad social o sanitario.

Las investigaciones preliminares sugieren que esta actividad ilegal se llevaba a cabo desde 2016 en diferentes ubicaciones, continuando de forma clandestina en la vivienda objeto de inspección, la cual estaba arrendada. El propietario de la misma ha afirmado que desconocía el uso indebido que se estaba dando al inmueble.

Frente a las alarmantes irregularidades descubiertas, los agentes actuaron de inmediato, procediendo a cerrar el establecimiento y realojando a las personas afectadas con sus familias, quienes, al ser contactadas, también se mostraron incrédulas ante las condiciones en las que se hallaban sus seres queridos.

Se han elevado denuncias ante la inspección de trabajo, la Conselleria de Sanidad por ser el ente responsable de la regulación de estas instituciones, y el Ayuntamiento de Elche por la falta de la licencia correspondiente. Además, los servicios sociales han sido notificados para llevar a cabo una valoración inmediata sobre la situación de los internados y la necesidad de asistencia para ellos y sus familiares.