Estudian además de esto a una amiga de la boticaria y a cinco causantes de viviendas de cuyos clientes se clonaban las tarjetas

   ALICANTE, 27 Feb.

   Agentes de la Guardia Civil han detenido a una farmacéutica de la comarca de El Comtat (Alicante) y también estudian a otras seis personas mucho más por los supuestos delitos de estafa a la Seguridad Social, contra la salud pública, falsificación de archivo público y contra la privacidad. Los teóricos implicados en esta operación presentamente clonaron mucho más de 500 tarjetas sanitarias para efectuar dispensas simuladas de fármacos, cuyo gasto cargaban al Sistema de Salud Nacional.

   Las indagaciones se empezaron en el mes de octubre de 2022, en el momento en que integrantes del Área de Inspección de Farmacia, correspondiente a la Conselleria de Sanidad, se percataron de que una farmacia de un concejo de la comarca de El Comtat tenía un comercio "excepcional" de ventas de fármacos financiados por el Sistema Nacional de Salud, según indicó el centro armado en un aviso.

   Esta situación motivó una primera inspección, donde los inspectores identificaron "distintas irregularidades" de carácter administrativo. A raíz de estas anomalías, el Departamento de Farmacia y Ordenación Sanitaria de la Dirección Territorial de Sanidad de Alicante dio cuenta a la Guardia Civil y solicitó acompañamiento para una exclusiva inspección.

   A lo largo del mismo mes, se efectuó una exclusiva inspección al mismo lugar, con causantes de Sanidad y agentes del Equipo Territorial de la Policía Judicial de Villena (Alicante). En esta novedosa visita, fueron intervenidas distintas tarjetas imantadas clonadas, con información sanitaria de pacientes de la Generalitat Valenciana y multitud de cajas de medicación sin código de barras, popular como cupón precinto.

   En las instalaciones, existían distintas habitaciones donde se amontonaban los fármacos en teoría dispensados, en compañía de medicación caducada y a la vera de modelos químicos de limpieza, infringiendo por consiguiente la legislación que regula su almacenaje. También encontraron una banco de información con información personal de internos de múltiples viviendas de la provincia de Alicante.

   A lo largo de la inspección, los agentes identificaron a una amiga de la titular del lugar, que abandonaba la farmacia con una caja que contenía mucho más tarjetas imantadas libres para ser clonadas, un archivador con reportes médicos de pacientes y alguna documentación redactada a mano.

   Una vez obtenida toda la documentación y material intervenido en las inspecciones, los agentes brindaron comienzo a la operación para aclarar los hechos. Entre ámbas inspecciones se requisaron de prácticamente 3.000 cajas de medicación facturada a la Seguridad Social con un valor de sobra de 39.000 euros, mucho más de 500 tarjetas sanitarias clonadas y diversa documentación médica de pacientes de viviendas.

   El modus operandi que empleaban desde la botica consistía en que, primero, con el saber de cinco causantes de ciertos centros de personas mayores o dependientes de la provincia de Alicante, se clonaban las tarjetas sanitarias.

   Más tarde, se empleaban las novedosas tarjetas para efectuar dispensas simuladas, en tanto que efectuaban la venta de la medicación a los sucesos de las tarjetas al cargo del Sistema de Salud Nacional, pero el producto no era dispensado. Estos fármacos eran apartados sin su cupón precinto.

   Al final, con el saber de la titular de la farmacia, se cargaba el gasto al Sistema de Salud Nacional, provocando en el lugar un lucro económico ilícito. El centro armado ha apuntado que "era tal el afán de facturar y lucrarse" que en la farmacia se dispensaban fármacos a personas mayores que no tenían pautada esa medicación y era facturada al Sistema Nacional de la Seguridad Social.

   Por motivos como éstos, el día 19 de enero los agentes detuvieron a la farmacéutica, de 39 años, y también estudian a otras seis personas, una amiga de la boticaria y cinco causantes de las viviendas enlazadas a exactamente la misma, de entre 37 y 87, todos ellos sin antecedentes policiales por hechos afines.

   A todos ellos, según su nivel de participación, se les han encausado los delitos de estafa a la Seguridad Social, contra la salud pública y falsificación de archivo público, aparte de contra la privacidad por la cesión, difusión y revelación de datos médicos personales sin autorización de sus sucesos. La Guardia Civil dió cuenta al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcoi.