VALÈNCIA 28 Dic.
La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Comunidad Valenciana ha dado un paso decisivo al implementar un nuevo protocolo que fortalece la protección de los profesionales que desempeñan sus labores en los centros educativos. Esta normativa se crea en un contexto de creciente preocupación ante las agresiones que se han registrado en los recintos escolares, tanto verbales como físicas, durante los últimos años.
Xaro Escrig, directora general de Innovación e Inclusión Educativa, ha manifestado la necesidad de este nuevo protocolo, señalando que se ha trabajado intensamente debido al alarmante aumento de incidentes de agresiones en los centros educativos. La situación, que incluye tanto insultos y amenazas como agresiones físicas, ha llevado a la Generalitat a considerar esta medida urgente y necesaria, tal como se anunció en un comunicado.
Los datos son reveladores: las agresiones verbales a docentes han aumentado drásticamente, pasando de 246 incidentes en 2018 a 739 el curso pasado, lo que implica un aumento del 300,4%. Este crecimiento preocupante resalta que las agresiones verbales se han cuadruplicado en un periodo relativamente corto, lo que plantea serias preguntas sobre el clima de convivencia y respeto en las aulas.
Las estadísticas relacionadas con las agresiones físicas también son alarmantes; se ha registrado un incremento cercano al 367%, con un salto de 203 incidencias en 2018 a 745 en 2023. Este ascenso en la violencia escolar resalta una tendencia que se agrava año tras año, con un dato indicativo: uno de cada seis casos registrados en el Plan de prevención de la violencia y de promoción de la convivencia (PREVI) corresponde a ataques dirigidos hacia el personal docente.
Es crucial destacar que la problemática no se limita a la Comunidad Valenciana; Escrig ha subrayado que la escalada de amenazas y agresiones a docentes ha sido una tendencia generalizada en todo el territorio español durante los últimos años. Este fenómeno requiere una respuesta contundente y coordinada para garantizar la protección de quienes dedican su vida a la educación.
El nuevo protocolo tiene como propósito principal salvaguardar la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores en el ámbito educativo, según indicó la directora general. Este esfuerzo es un reconocimiento a la importancia del papel que desempeñan los educadores en la formación de las futuras generaciones, y busca crear un entorno laboral que sea seguro y respetuoso.
Escrig enfatizó la necesidad de apoyar a los docentes, quienes deben ser modelos y referentes para sus alumnos. "Es fundamental garantizar que el personal educativo cuente con las condiciones necesarias para llevar a cabo su labor sin temor y en un ambiente que fomente el respeto", afirmó, comprometiéndose a proporcionar asistencia continua.
El protocolo, resultado de un consenso entre sindicatos y comités de seguridad y salud, está diseñado para dirigirse a todo el personal que trabaja en centros educativos financiados con fondos públicos en la Comunidad Valenciana. Esto incluye tanto a docentes como a personal no docente y de administración, asegurando que todos estén cubiertos bajo esta nueva normativa de protección.
Este reglamento establece un sistema de apoyo "inmediato" y "adecuado" para aquellos que se vean afectados por incidentes de violencia, garantizando además asistencia jurídica y psicológica cuando sea necesario. También se creará un marco de actuación que coordine a todos los agentes involucrados y se publicará una guía práctica que ayudará al personal a entender y aplicar correctamente el protocolo.
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