VALÈNCIA, 2 Nov.

El 86 por ciento de la gente migrantes considera "realmente difícil" entrar a una casa digna, en especial la gente de origen africano y americano, y el primordial inconveniente es el valor del alquiler. Además, esta población se combaten a otras dificultades y restricciones que van "alén de la barrera económica". Son ciertas conclusiones del Estudio-Diagnóstico sobre la exclusión residencial de colectivos atacables: población migrante y racializada en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha asistido este miércoles a la presentación del estudio, donde ha advertido que estas personas "tienen mucho más inconvenientes para fijar una vivienda pues están con adversidades con el empadronamiento, que con frecuencia les solicita documentación que no tienen la posibilidad de dar, accediendo en un círculo burocrático con escasas salidas".

Illueca ha remarcado que desde la Vicepresidencia Segunda "siempre y en todo momento se ha considerado la derecho a la vivienda como la puerta de entrada de toda una sucesión de derechos que no se tienen la posibilidad de gozar sin tener garantizado este". Por eso, ha reivindicado la necesidad de políticas de vivienda que sean "transversales y eficientes: que tengan un conocimiento extenso de las realidades en las que desean incidir".

Y ahí cobra "particular importancia" la tarea efectuada desde el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana (OHSU) y la colaboración de la gente y entidades que participaron en este estudio para entender mucho más en hondura la situación real de la gente migrantes. Un conocimiento que "dejará accionar" y que asimismo incluye "un muy valioso apartado de proposiciones y sugerencias para prosperar las políticas públicas", ha señalado la Generalitat en un aviso.

"Unas sugerencias que hay que tender y que comprometen prosperar la disponibilidad en la administración y los trámites, tratar con una visión inclusiva y interseccional los conjuntos de personas en situación de puerta de inseguridad, proseguir ampliando el parque público de vivienda o combatir contra la brecha digital, que hace difícil, por poner un ejemplo, que les lleguen las ayudas al alquiler", ha apuntado.

El estudio es resultado de la Comisión Técnica de Migración y Vivienda construída en 2020 en el Pleno del OHSU de la Dirección General de Emergencia Habitacional, para investigar la población migrante en el territorio valenciano y ver qué políticas en temas de vivienda se podían hacer para progresar su situación.

Esta comisión está compuesta por integrantes del Pleno del OHSU y aquellas organizaciones que se quisieron integrar. Además, han cooperado con su experiencia y estudios todas y cada una de las organizaciones no gubernativos con que trabajan con migrantes en la Comunitat, especialistas de la Universitat de València, psicólogos de organizaciones de migrantes y de la Administración Pública y diferentes direcciones en general que han trabajado este tema.

El secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, ha señalado que entre las conclusiones esenciales de este estudio es que la situación de los migrantes "no es un inconveniente unidireccional, ni único en temas de vivienda, sino es una situación transversal que necesita de la participación de varios agentes".

Además, indicó que la Ley de la Función Social "nos ordena a atender a los mucho más atacables y en los 2 o tres años que los migrantes tardan en regularizar su situación, debemos producir unas ayudas temporales de urgencia para contemplar ese espacio".

Según la directiva general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, este estudio elaborado por el OHSU, en colaboración con València Acull y la comisión técnica, fué participado a través de metodologías cuantitativas y cualitativas de investigaciones a la gente migrantes que viven en nuestro territorio. "Aún nos queda bastante por trabajar para lograr atender como hay que a esta población con inseguridad jurídica y desconocimiento de la lengua", ha incidido.

A ello hay que agregarle que "la mayor parte sufren abusos por el hecho de que les hacinan en habitaciones puesto que ignoran si les hacen alquileres adecuados o no y no se animan a denunciar", ha añadido.

Como dió a saber el vicepresidente Héctor Illueca, el estudio declara que el 86% de la gente encuestadas cree que es "realmente difícil" el ingreso a una casa, en especial la gente de origen africano y americano. Además, la no regulación del mercado privado de la vivienda "está dando permiso un aumento de la demanda, lo que incrementa el valor del alquiler unido al aumento de los intereses al 2%", ha alertado. "Por estas condiciones esta población termina a cargo de mafias", ha añadido.

En el Pleno del Observatorio tienen representación los secretarios autonómicos y directivos en general de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol, el Instituto Valenciano de la Edificación, el Instituto Cartográfico, de Urbanismo, de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos, de Atención Primaria y Autonomía Personal.

Asimismo, tiene representantes de la Plataforma de Afectados Antidesahucios; la Unión de Usuarios; el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria; el Colegio Oficial de Arquitectos; la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores; la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.