El PP invita a Puig a proceder a los tribunales a luchar por la financiación y Cs coincide con los asociados en soliciar un fondo transitorio

VALÈNCIA, 28 Sep.

PSPV, Compromís y UP han anunciado en conjunto proposiciones al Debate de Política General como apresurar los trabajos para emprender la reforma del sistema de financiación autonómica a lo largo de esta legislatura y que, hasta el momento en que sea situación, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) integren un fondo de nivelación con elementos auxiliares para las autonomía infrafinanciadas como la valenciana.

Además, los conjuntos parlamentarios que sostienen al gobierno del Botànic ofrecen comenzar un desarrollo de diálogo bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para ofrecer solución a la deuda histórica amontonada como consecuencia de la infrafinanciación. Las proposiciones se votan a lo largo de este jueves 29 en la última día del enfrentamiento.

La oposición asimismo registró proposiciones sobre la financiación autonómica. El PP pide tomarse "muy seriamente" la reforma del sistema y "asistir a los tribunales" exactamente la misma logró el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en 2016, como ha proclamado este miércoles su síndica en Les Corts, Mª José Catalá.

En preciso, los 'populares' instan a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes de octubre a fin de que el Gobierno presente su modelo de financiación apoyado en el coste que piensa para las autonomías la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Reclaman además de esto que el nuevo servicio aborde la deuda histórica y se apruebe antes que finalice el año para ingresar en vigor el 1 de enero de 2023. De no ser de esta forma, ofrecen que el Gobierno trasfiera a la Comunitat un fondo de nivelación de forma anual y no retornable de cuando menos 1.336 millones.

Cs, por su lado, expone que los PGE integren un fondo de nivelación transitorio que deje lograr la media nacional de financiación, en base al método de población ajustada, hasta el momento en que la reforma no salga adelante en el Congreso. También solicita un fondo de compensación de la deuda generada por la infrafinanciación o el "castigo financiero", en expresiones de su síndica, Ruth Merino.

Al margen de la financiación, las proposiciones del Botànic tienen dentro comenzar la reversión a administración pública de los departamentos sanitarios de Dénia y Manises conforme concluyan las presentes concesiones, hacer una agencia autonómica de energía para comercializarla en régimen de libre rivalidad o avalar la candidatura de Alicante para la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial.

Otras medidas registradas por los asociados son apresurar la finalización del Corredor Mediterráneo, que los PGE de 2023 integren inversiones de transporte equivalentes al peso poblacional, realizar las inversiones primordiales en trenes más tarde hacer la cesión de Renfe Cercanías a la Generalitat o que el Gobierno cumpla con el pago del 50% del gasto de la dependencia.

A nivel económico sugieren que las ayudas a enormes compañías "no sean intensamente perdido", sino la inversión se traduzca en accionariado asumido por la Generalitat, impulsar medidas para campos estratégicos como el azulejo o proseguir promoviendo ayudas para remarcar la jornada de trabajo de 32 horas.

En educación apuestan por seguir en la gratuidad 1-2 años con un incremento del bono infantil no inferior al 15% de hoy, congelar los costes del comedor escolar pese a la inflación y desarrollar proyectos para prosperar las condiciones en zonas desastrosas. Y en sanidad, acrecentar y consolidar plantillas basado en las listas de espera y también impulsar un plan de acción de salud psicológica hasta 2026.

También solicitan asegurar la protección persistente en el caso de desahucio sin opción alternativa habitacional o regular costos máximos de alquiler en zonas tensionadas, tal como acrecentar las plazas y los sueldos en el ámbito de las viviendas, entablar la gratuidad del Carnet Jove o arrancar una "comisión de la realidad" sobre la Guerra Civil y el franquismo.

Entre las proposiciones de la oposición, que coinciden en achicar el número de consellerias, el PP expone medidas fiscales específicas para la adquisición de vivienda o el emprendimiento y también insta a alargar la gratuidad del transporte público de la Generalitat alén del 31 de diciembre y hasta el momento en que la inflación se ubique bajo el 3% en la Comunitat.

Exige además de esto un decreto para ofrecer salida a los proyectos de energía del sol en tramitación, mayor acompañamiento a la industria cerámica, un plan increíble para batallar la pobreza, mucho más plazas en viviendas y una ley de conciliación familiar, una reforma legal que determine los tiempos máximos de demora quirúrgica y diagnóstica y asegurar la independencia de los progenitores para escoger centro y lengua.

Cs, por su lado, ofrece eliminar el requisito lingüístico del valenciano para gobernantes, remover los aforamientos para miembros del congreso de los diputados y integrantes del Consell o 2 PERTE para impulsar el turismo y la energía nuclear. También fijar por ley un máximo de 60 días para ser operado, forzando a derivar al tolerante a otro centro escogido por él si se sobrepasa, y un cambio extremista en la administración de urgencias después de los incendios de este verano.

Y Vox demanda reformar el Estatut d'Autonomia para achicar el máximo de miembros del congreso de los diputados de Les Corts de 99 a 66, "resguardar el derecho a ser educado en castellano", evitar que los inmigrantes en situación irregular accedan a ayudas sociales o eliminar de la sanidad pública las operaciones "extrañas a la salud (cambio de sexo, aborto, eutanasia, etcétera.)" para integrar los servicios bucodentales no estéticos.