La reciente decisión del Consell de València ha generado atención y debate en torno a los procedimientos urbanísticos en suelo rural inundable. Este lunes, un decreto ley aprobado establece una suspensión de dichas tramitaciones hasta que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desarrolle y presente un plan adecuado de infraestructura hidráulica. Este plan es crucial para la prevención de futuras inundaciones, y su ausencia ha llevado a las autoridades a implementar medidas restrictivas en la gestión urbanística de la región tras la devastadora riada del pasado 29 de octubre.

La normativa, presentada como una respuesta urgente a los desafíos de la reconstrucción, no solo suspende los procedimientos en suelos problemáticos, sino que también introduce una nueva figura urbanística. Según las declaraciones del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, esta medida busca acortar significativamente los plazos que tradicionalmente se requerirían para dichos trámites, que pueden llegar a ser de años. Con este nuevo marco, se estima que la duración será de aproximadamente nueve meses.

La suspensión es parte de un esfuerzo más amplio para facilitar la recuperación de viviendas y polígonos industriales que fueron severamente afectados por las lluvias torrenciales. La norma en cuestión establece que todas las iniciativas urbanísticas en suelos inundables quedarán en pausa hasta que el Gobierno central proporcione una programación clara de las obras estructurales necesarias para mitigar el riesgo de inundación, una situación que Martínez Mus considera de vital importancia para la seguridad de los municipios implicados.

Esta situación, sin embargo, no se aplica de la misma forma en todos los suelos rurales. En las áreas no afectadas por inundaciones, se permitirá la presentación de propuestas urbanísticas, aunque estarán sujetas a la obtención de un informe previo por parte de la confederación hidrográfica. De esta manera, la nueva legislación busca un equilibrio entre la necesidad de avanzar en la construcción y la necesidad de garantizar la seguridad de las áreas propensas a inundaciones.

A través del nuevo decreto ley, la Generalitat de València tiene la capacidad de tramitar planes especiales urbanísticos que faciliten la creación y alineación de suelos para la construcción de viviendas y la reubicación de instalaciones industriales. A este respecto, Martínez Mus ha explicado que la normativa permitirá no solo la aprobación rápida de estos planes, sino también una consolidación más eficiente de las infraestructuras necesarias para satisfacer las demandas de reconstrucción.

Además, los planes que se elaboren podrán introducir modificaciones en el Planeamiento General y afectarán a suelos en varios municipios, lo que podría transformar la dinámica urbanística de la región. Sin embargo, este enfoque flexibles dependerá de la inclusión de todas las determinaciones urbanísticas requeridas en el proceso de reconstrucción, asegurando así que las estrategias planteadas sean efectivas y coherentes con las necesidades locales.

En cuanto al procedimiento de aprobación, Martínez Mus ha señalado que seguirá el marco regulador establecido en la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunitat Valenciana (LOTUP), aunque con la singularidad de que se adoptarán plazos excepcionales en vista de la urgencia de la situación actual. Mientras tanto, la normativa para suelos urbanos no inundados mantendrá los usos vigentes, garantizando cierta estabilidad en las áreas ya desarrolladas.

Es importante destacar que esta medida también representa un llamado al Gobierno de España para que se comprometa con las obras de infraestructura hidráulica que son esenciales para prevenir futuras emergencias. El conseller ha enfatizado que la falta de un plan hídrologico adecuado implicará la continuación de la suspensión de procedimientos en los municipios vulnerables, lo cual podría afectar gravemente la capacidad de recuperación de estas áreas.

Además, la normativa incluye disposiciones que permiten a los ayuntamientos facilitar modificaciones en los planes de urbanismo para acelerar el proceso de reconstrucción. La creación de Proyectos de Reconstrucción Local (PRL) permitirá el uso de suelos vacantes que no han sido ejecutados, promoviendo así el desarrollo de viviendas residenciales. Mediante estas acciones, el Consell busca establecer un marco ágil y colaborativo que responda a la crisis provocada por las inundaciones, al tiempo que se aseguran los intereses de los ciudadanos y la integridad de los territorios afectados.