Argumenta que muestra defectos que llevan a su nulidad de pleno derecho y no se ajusta a la legalidad mudar un artículo ahora aprobado

VALÈNCIA, diez Ene.

El Consell ha pedido a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, que emita un informe desfavorable sobre el emprendimiento de real decreto que perjudica al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura puesto que arguye que se ha producido una vulneración de 4 principios, como el de la seguridad jurídica o lealtad institucional, y muestra defectos que tienen la posibilidad de llevar a su nulidad de pleno derecho al no haberse sometido a la pertinente participación ciudadana y concertación, en una modificación del artículo por resolución "arbitraria" del Ministerio.

La solicitud del Consell se apoya en las alegaciones desarrolladas por la Abogacía de la Generalitat, que fueron remitidas al órgano consultivo del Gobierno, en las que se atestiguan "defectos acontecidos en la tramitación del emprendimiento" que podrían ser "determinantes de la nulidad de pleno derecho" del desarrollo, según informó la Generalitat en un aviso.

Tal como se detalla en el informe del organismo jurídico del Consell, la disputa tiene su origen en el cambio de redacción que padeció la predisposición agregada novena del emprendimiento de real decreto y, más que nada, en la forma en que se hizo ese cambio.

En este sentido, remarca que el primer artículo de esa predisposición "vinculaba el lugar de los caudales ecológicos a una opinión anterior del estado ambiental que presentaran las masas de agua", y ese es el artículo original que fue aprobado en la mayoría de los casos en la asamblea del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre.

Sin embargo, con posterioridad a ese acercamiento, "se procedió a llevar a cabo una exclusiva redacción del artículo que no es la que fue doblegada a enfrentamiento y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua". El nuevo artículo impone unos "aumentos fijos y también inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tener en cuenta ningún análisis previo del estado de las aguas con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura".

Ese artículo cambiado "de forma unilateral" por el Ministerio para la Transición Ecológica, "sin hacer llegar de antemano el contenido de ese cambio ni al Consell ni al propio Consejo Nacional del Agua", es el que al final llegó al Consejo de Estado, con lo que la Abogacía de la Generalitat comprende que "no fué sometido a los principios de participación ciudadana y concertación" y que, por consiguiente, podría haberse producido "una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo".

Por tanto, la Abogacía de la Generalitat mantiene que se ha "tomado una resolución arbitraria fundamentada en la libre intención de la Administración articulista de la regla" y que a lo largo del desarrollo "se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, seguridad lícita, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia", principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las gestiones públicas.

Tras esas consideraciones, el Consell, por medio de la Abogacía General de la Generalita, pide que el emprendimiento de real decreto sobre proyectos hidrológicos "salve" y también introduzca nuevamente la versión original de la predisposición agregada novena, relativa a los caudales ecológicos, que fue aprobada por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre y "que resulta primordial para asegurar el cuidado del trasvase Tajo-Segura".

Además, la Abogacía de la Generalitat llama la atención en su informe jurídico sobre visto que el nuevo artículo del Ministerio "hable de estudios y evaluaciones en el momento en que, al tiempo, fija por adelantado unos caudales ecológicos en alza sin deber alguno de establecerlos en función de un análisis previo, como sí contempla la versión original suprimida a última hora por el Ministerio".

En consecuencia, la introducción de ese programa de rastreo al que se menciona en la redacción cambiada de la agregada novena, como destaca la Abogacía de la Generalitat, "quedó completamente desnaturalizada y se convirtió en irrazonables y también inútil", de forma que el nuevo artículo enviado por el Ministerio al Consejo de Estado adolece de "falta de método y rigor técnico".

Tras alertar de que la novedosa redacción "cuestiona el trasvase y no tiene presente los impactos económicos que causa", apunta que es "indispensable2 recobrar la versión inicial de la predisposición novena "para hallar la seguridad hídrica, ya que nuestra instrucción de Planificación Hidrológica considera la necesidad de un análisis antes de la fijación de los caudales ecológicos en el plan".

Fue nuestro 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, quien el pasado 3 de enero avanzó la resolución del gobierno valenciano de mandar un escrito a la presidenta del Consejo de Estado, solicitándole una audiencia para comprender de primera mano la redacción final llagada al órgano consultivo sobre el emprendimiento de Real Decreto de distintos proyectos hidrológicos, entre ellos el que perjudica al trasvase Tajo-Segura, y poder de este modo enseñar las alegaciones que se tengan en cuenta primordiales y que en este momento se han formalizado.