En un comunicado emitido el viernes, la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, informó que la Generalitat está analizando la sentencia que exime a las empresas Canal Maestrat y Kriol Produccions, relacionadas con Francis Puig, de reembolsar 170.000 euros a la administración pública. Merino expresó la intención de presentar un recurso para evitar que los valencianos tengan que asumir las consecuencias de la gestión del Consell anterior.

"Este Consell sigue sorprendiéndose de la magnitud de la incompetencia y la mala praxis de muchas acciones del Gobierno anterior. En este caso, se trata de 170.000 euros de todos los valencianos destinados a subvenciones para el socio del hermano de Ximo Puig que nunca debieron haber sido otorgadas", declaró la consellera.

Las sentencias del TSJCV eximen a las empresas Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL, pertenecientes a los socios de Francis Puig en el negocio audiovisual, de devolver a la Generalitat los 170.819,98 euros correspondientes a subvenciones porque la Conselleria de Educación había exigido el reembolso fuera de plazo.

La sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha concedido los recursos presentados por Canal Maestrat y Kriol Produccions, empresas relacionadas con Francis Puig, evitando que tengan que reembolsar más de 170.000 euros en subvenciones otorgadas para promover el valenciano durante la gestión del Consell anterior.

La consellera Merino destacó que la Conselleria de Educación tenía la posibilidad de declarar la caducidad del expediente una vez vencido el plazo de doce meses para requerir a las empresas el reembolso de las subvenciones, lo que les habría permitido abrir un nuevo proceso dentro de los cuatro años establecidos por la Ley General de Subvenciones.

"Después de un año entero de reclamación, a la Conselleria de Educación se le ocurrió la peor decisión, exigir el reembolso fuera de plazo en lugar de declarar la caducidad del expediente y comenzar uno nuevo cuando aún había posibilidades", explicó Merino.

La Abogacía tiene 30 días para analizar las sentencias y determinar si presentarán un recurso para recuperar el dinero de los valencianos, según lo expresado por la consellera de Hacienda.