José Antonio Rovira, conseller de Hacienda de la Generalitat, ha afirmado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) “no se toma ninguna decisión” y ha subrayado que su demanda principal es “ni un euro menos para los valencianos”.

Las fuerzas políticas como el PP y Compromís han puesto sobre la mesa la necesidad de cancelar la deuda y establecer un fondo de nivelación, mientras que los socialistas del PSPV insisten en la urgencia de una reforma integral que evite las soluciones temporales.

VALÈNCIA, 13 de enero. La Generalitat ha expresado la llegada de la nueva propuesta de financiación autonómica por parte del Gobierno central como un tema que requiere mayor claridad antes de que se puedan tomar decisiones informadas. Además, han insistido en que cualquier modificación debe acompañarse de un fondo de nivelación para 2026 y la condonación de la deuda generada por la infrafinanciación histórica.

En este contexto, Rovira comentó tras la reunión del Consell y las Corts, donde se discutió la reforma del sistema de financiación y la deuda acumulada, que la propuesta del Gobierno, presentada recientemente, será discutida el miércoles en el CPFF. Si esta propuesta se aprueba en 2027, la Comunitat Valenciana podría convertirse en la tercera autonomía con mayores beneficios, recibiendo así 3.669 millones de euros.

El conseller del PP enfatizó que el CPFF no es un espacio para votar, sino para que la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, presente su propuesta y se aborden otros temas de agenda. “Es solo un paso inicial”, declaró, y lamentó las “excesivas expectativas” que se han creado en torno a esta reunión, dado que aún faltan detalles cruciales.

A pesar de que inicialmente las cifras son prometedoras, Rovira destacó la urgencia de que el Gobierno establezca un fondo de nivelación transitorio, estimado por expertos en alrededor de 1.800 millones de euros, así como la necesidad de abordar la considerable deuda de más de 60.000 millones de euros, de la cual más de 40.000 millones están relacionados con la infrafinanciación histórica. “Necesitamos que el Gobierno proponga una solución efectiva”, manifestó.

Rovira también criticó la falta de negociación previa entre el Gobierno y las autonomías, sugiriendo que la propuesta debería haber sido discutida antes de su anuncio público. Esta crítica se extiende a cómo se ha gestionado la relación entre el Gobierno central y los partidos regionales.

Cuando se le preguntó sobre las “líneas rojas” del Consell, contestó que su prioridad es asegurar que los valencianos tengan los mismos derechos que los ciudadanos de otras comunidades, afirmando que cualquier reducción en la financiación será inaceptable.

Citando la posibilidad de que la nueva propuesta represente un avance, enfatizó que, si bien cualquier mejora es bienvenida, es esencial entender todos los detalles involucrados.

En relación a la fiscalidad, Rovira precisó que no aceptaría que el nuevo modelo perjudique a las autonomías que buscan reducir impuestos. Aseguró que su gobierno seguirá considerando la política fiscal existente para no afectar lo que corresponde a la Comunitat y a sus ciudadanos.

Respecto a la posición del Consell, aseguró que esta se definirá en función de los datos disponibles en su momento, destacando que solo hay un anuncio de la ministra sobre futuras negociaciones bilaterales, lo cual no proporciona claridad aún.

Por otro lado, Mª Carmen Contelles, diputada del PP en Les Corts, indicó que esperarán a conocer a fondo la propuesta antes de decidir su apoyo, insistiendo en que debe abordar la infrafinanciación y la condonación de la deuda, junto con la creación de un fondo de nivelación para 2026.

Contelles también subrayó que cualquier nuevo modelo debe ser justo para todas las autonomías, no solo para Catalunya, advirtiendo que las decisiones del PSOE junto a ERC frecuentemente pasan factura a los valencianos. “La prudencia es clave”, reiteró, ya que la propuesta podría ser aprobada en un año electoral.

En contraste, el síndic del PSPV, José Muñoz, calificó de “imperdonable” que el Consell no respaldara esta reforma, considerando que incorpora las demandas valencianas de la última década y sugiriendo que podría considerarse una “propuesta valenciana”. Además, enfatizó que el fondo de nivelación debe ser significativo y no un simple parche.

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, expresó su compromiso de trabajar para mejorar la propuesta, aunque reconoció que se están en el buen camino. Anticipó que su Coalición mantendrá su defensa de la condonación de la deuda y la creación de un fondo de nivelación, cuestionando si el Consell priorizará los intereses valencianos o alineará con el líder del PP.

Finalmente, María Teresa Ramírez, diputada de Vox, encuadró la propuesta en un “chantaje separatista”, advirtiendo de un posible aumento en el gasto público y un “pacto engañoso” que podría significar más impuestos. Reiteró su demanda de devolver competencias al Gobierno central y tratar a todos los españoles con igualdad fiscal.