VALÈNCIA, 13 Mar.

El Defensor del Pueblo recibió un total de 3.154 protestas en 2022 que proceden de la Comunitat Valenciana, 298 mucho más que en 2021, lo que piensa el diez,35% del total de expedientes. De este modo, es la tercera en volumen de temas remitidos tras Madrid y Andalucía, según se desprende del Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este lunes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

La mayoría de los expedientes de la Comunitat Valenciana procedían del área de 'Administración de Justicia', con 399; consecutivas de 'Empleo y Seguridad Popular' con 369; 'Asilo', 276; 'Migraciones', 228; las que están en estudio, con 319; 'Asuntos de Interior', con 175; 'Función y Empleo Públicos', con 165; 'Centros penitenciarios', con 156; 'Actividad Económica', con 155.

A continuación, estaban los temas relacionados con 'Educación', con 140; 'Sanidad', con 138; 'Servicios Sociales', con 132; 'Política Popular'; con 119; 'Impuestos', con 115; 'Urbanismo', con 111; 'Medio Ámbito'; con 78; 'Vivienda', con 62; 'Cultura', con 58; 'Asuntos Exteriores'; con 22; 'Igualdad de trato', con 8; 'Transparencia', 2 y una relacionada con presos españoles en el Extranjero. 'Migraciones'.

El Defensor del Pueblo tuvo conocimiento de la gran investigación llevada a cabo por el Síndic de Greuges en el año 2020, a causa de un caso de abusos en un centro de protección de esa red social, lo que, al lado de la investigación seguida con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y la Consejería de Familia de Madrid le llevo a comenzar una investigación de trabajo, relativa a menores que, teniendo acordado una medida de protección, fueron víctimas de abusos y de tramas de explotación sexual.

Estas actuaciones de trabajo no ha concluido, pero la información aportada por la Generalitat Valenciana señala que tiene diferentes normas actuales, entre aquéllas que resaltan la Instrucción 5/2017, sobre medidas en el caso de viable hecho constitutivo de delito; la Instrucción 2/2020, sobre la comunicación de ocasiones, hechos y también accidentes importantes sucedidos en hogares o viviendas de protección de pequeños, pequeñas y jovenes de esta red social, hogares de emancipación y entidades ajenas de emancipación; el Protocolo Sanitario de atención a víctimas de agresiones sexuales de la Conselleria de Sanidad; o la Instrucción 4/2021 de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, sobre la derivación, rastreo y también intervención en casos de sospecha o seguridad de abusos o agresiones sexuales al servicio de atención a abusos a pequeños, pequeñas y jovenes (SAANNA) para personas menores de edad que estén en territorio de la Comunitat Valenciana.

También comunica el Consell de que se han subvencionado distintos programas para la prevención, sensibilización y actuación profesional como el Programa de prevención del castigo y abuso sexual infantil, y el Programa de actuaciones precautorias de acompañamiento.

Por otra sección, el informe concluye que en Valencia se asentaron 4.300 peticiones de protección en todo el mundo en las comisarías provinciales de policía en 2022 --el tercer mayor número tras Madrid y Barcelona-- y tuvo conocimiento de que la fiscalía provincial ha abierto diligencias tras recibir afirmaciones sobre la imposibilidad de conseguir citas de protección en todo el mundo, tal como por la proliferación de personas y organizaciones que estarían acaparando las citas y cobrando por facilitarlas.

Asimismo, el Defensor del Pueblo ten en cuenta que elaboró un Recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía, tras haber detectado, primero en Valencia y después asimismo en comisarías de policía de A Coruña, Barcelona y Las Palmas, que se requieren documentos acreditativos del empadronamiento como requisito para lograr formalizar la petición de protección en todo el mundo.

En su contestación, la Administración reitera que que la petición de esa documentación no está sosprechada en la instrucción conjunta, lo que supone que no debería pedirse, pero "el inconveniente prosigue sin solventarse".

Por otro lado, el informe concluye que en la Comunitat Valenciana se genera "enorme demora" para solucionar las peticiones de renta valenciana de inclusión, tal como los elementos de alzada que muestran los apasionados en el momento en que les resulta rechazada. La Generalitat ha comunicado "el fuerte aumento" del volumen de administración de expedientes que se ha producido entre 2016 y 2022 y en algún caso, queda de manifiesto que los retrasos se tienen que a "la lenta administración por la parte de la empresa local que debe de encauzar las peticiones de los ciudadanos".

Los ciudadanos asimismo se han quejado de que el canal de atención telefónica para soliciar cita anterior en las jefaturas provinciales de Tráfico de Valencia "no marchan adecuadamente". La institución asimismo efectuó una recomendación a la Conselleria de Educación a fin de que se garantizase la atención presencial sin cita anterior telemática que fué admitida.

Igualmente ha sugerido al Ministerio de Justicia y a la Generalitat Valenciana que adopten las medidas primordiales para impulsar el desarrollo de cogobernanza en la determinación de la planta judicial de Valencia en la programación del año 2022, garantizando la eficaz puesta en marcha de los juzgados pactados para progresar los tiempos de contestación judicial y el ejercicio del derecho a la tutela judicial.

Por otra sección, múltiples internas en la Unidad de Madres del Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento se han quejado por haber debido ofrecer a luz a sus hijos enfrente de personal funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. El Defensor del Pueblo cuestiona que ahora mismo "permanezca alguna razón de seguridad que haya de predominar sobre el derecho a la privacidad de las internas".

Asimismo, entre otros muchos temas en los que ha intervenido es las tres sugerencias que ha elaborado a la Generalitat para prosperar los puntos de acercamiento familiar; tal como a la asistencia y protección de las víctimas y ha pedido se acrecienten las plazas para su atención en viviendas.