El Gobierno de España se encuentra en camino de implementar un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas, con la aspiración de que este modelo esté en funcionamiento a inicios del próximo año. Para ello, se programarán encuentros bilaterales con cada autonomía para discutir y ajustar los aspectos clave del mismo antes de presentarlo para su aprobación tanto en el Consejo de Ministros como en el Congreso.

María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, expresó en una reciente conferencia de prensa que su deseo es que el proceso de implementación sea ágil, permitiendo la entrada en vigor del nuevo modelo en el año venidero. Esta reforma busca, además, ser un foco de consenso entre las distintas comunidades autónomas.

El miércoles 14 de enero, la ministra de Hacienda ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para explicar a los gobernantes autonómicos los detalles de esta propuesta y fomentar el diálogo sobre el nuevo modelo de financiación nacional.

Posteriormente a este encuentro, Montero planea llevar a cabo negociaciones bilaterales con cada autonomía, lo que permitirá realizar un desglose minucioso de la propuesta y recoger sugerencias que podrían enriquecer el sistema, según lo indicado por la propia ministra.

Durante su intervención, Montero hizo énfasis en las diferencias que a menudo surgen entre comunidades del mismo signo político, y retó al Partido Popular a alcanzar un consenso claro. Su crítica se centró en las propuestas contradictorias presentadas por líderes regionales de su partido, como el señor Mañueco y el señor Moreno Bonilla.

La ministra considera que sería complicado que los grupos parlamentarios, en especial el Partido Popular, se opongan a este nuevo modelo, dado que aproximadamente el 70% de los recursos beneficiaría a comunidades bajo su gobernanza.

Asimismo, Montero apuntó que, en caso de desacuerdo por parte del PP, el Gobierno estaría abierto a discutir alternativas que pudieran surgir, reafirmando su disposición al diálogo y la negociación.

En relación con Junts y su demanda de un “cupo catalán”, la ministra defendió que esta reforma avanza en diversas reivindicaciones de autogobierno y recursos solicitadas por los independentistas catalanes, intentando así atender sus inquietudes dentro del marco del nuevo modelo.

Una vez concluyan las discusiones con las distintas comunidades autónomas, el Gobierno someterá el proyecto de ley orgánica a una audiencia pública antes de que sea nuevamente aprobado por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso de los Diputados, donde se espera contar con el respaldo necesario.

Por último, la ministra Montero aclaró que todos estos aspectos deben consolidarse en una ley orgánica definitiva, un texto que superará el anterior sistema de financiación autonómica. Las proyecciones del Ministerio sugieren que el borrador de esta ley podría estar listo en un plazo de aproximadamente dos meses.