VALÈNCIA, 12 Ene.

Miquel Real, exjefe de gabinete de la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se ha acogido a su derecho a no declarar frente al juez que inspecciona el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor por la parte de un educador, exmarido de Oltra, mientras que prosiga segrega una parte del trámite.

Real ha acudido este jueves al Juzgado de Instrucción número 15 de València donde se encontraba mencionado a declarar, a las 17 horas, en calidad de encausado, en esta causa, pero, así como avanzó en un escrito judicial, se ha acogido a su derecho a no declarar hasta el momento en que no se le traslade la parte segrega que inspecciona los e-mails entre 2 cargos de Conselleria, según pudo comprender Europa Press.

Miquel Real, en su escrito, mencionaba a que la parte segrega del trámite podía perjudicar a su derecho de defensa, con lo que avanzaba su intención de no declarar hasta el día de hoy en que se le diese traslado de esa parte y con suficiente tiempo para instruirse de exactamente la misma.

El juez, tras estudiar el escrito, decidió sostener la citación y advirtió de que se señalaría otro día en el momento en que se alzara el misterio parcial de la causa con el propósito de que prestara declaración.

El pasado 27 de octubre el Juzgado de Instrucción número 15 de València abrió una parte separada segrega tras la solicitud de la acusación habitual ejercida por Gobierna-TE, que había pedido la aportación a la causa de los e-mails del servidor de la Generalitat de 2 altos cargos en Igualdad en el instante de los hechos.

La acusación habitual había pedido la práctica de diligencias para detectar a los integrantes del Gabinete de Vicepresidencia en los instantes de la investigación --que perjudica a Oltra y otros 14 altos cargos y especialistas en el departamento que dirigía--, tal como en lo que se refiere a la participación de sus integrantes en los hechos, a través de la aportación a la causa de las comunicaciones de e-mails del servidor público de la Generalitat con relación a el directivo general de Infraestructuras y Servicios Sociales, Enrique Alcocer, y el entonces secretario autonómico de Igualdad, Alberto Ibáñez.