• viernes 30 de septiembre del 2022

El juez trata al 'cártel del fuego' por supuestos amaños en contratos para la extinción de incendios

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Ofrece evaluar al ex- conseller de la Generalitat valenciana y ex- encargado del Gobierno Serafín Castellano

MADRID, 15 Jun.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón propuso evaluar a un total de 32 personas, entre ellas el ex- conseller de la Generalitat valenciana y ex- encargado del Gobierno Serafín Castellano, como supuestos pertenecientes de una organización criminal que se habría concertado para modificar la adjudicación de contratos para la extinción de incendios, en el popular como caso del 'cártel del fuego'.

En un coche de pase a trámite abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 apunta que los hechos podrían constituir delitos de cohecho; organización criminal; perturbación de costes en concursos o contratación pública; falsedad reportaje; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilegal, negociaciones prohibidas a gobernantes públicos; y tráfico de influencias y exacciones ilegales.

El trámite judicial se dirige contra hombres de negocios de la navegación aérea, autoridades y gobernantes en relación a los que "quedó bastante acreditado" que, "con ánimo de lucro y a través de múltiples ardides y mecanismos, se han venido concertando para modificar los términos de la habitual concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública", corrompiendo para esto a través de "compensaciones económicas" a "múltiples gobernantes y autoridades".

El instructor enseña que habrían actuado inapropiadamente bien acrecentando el gasto a favor de la gente y compañías concertadas; admitiendo prórrogas o ediciones establecidos; aprobando facturaciones; o favoreciendo a ciertas personas y entidades.

Los hombres de negocios y sus compañías se habrían repartido geográficamente el mercado de la contratación pública en el campo, tal como los métodos específicos de contratación, aun a través de progresivas asambleas en las que preestablecían qué sociedades concurrirían a estos procesos, exactamente en qué zonas de predominación y las consecutivas compensaciones y liquidaciones económicas en el propio cártel.

Además, el magistrado resalta que estos supuestos amaños se habrían producido en España y otros países, tal como que a veces habrían propiciado que algún certamen quedara desierto, generándose de este modo un aumento posterior del precio de licitación en el trámite negociado sin propaganda.

En otros casos, sigue García Castellón, las prórrogas arbitrarias de los contratos producían "aumentos notabilísimos" en los importes finales de adjudicación o en los costos totales de los contratos.

A este respecto, precisa que, según los reportes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), solo en la Comunidad Valenciana, donde se han constatado las primordiales infracciones, con unión a la única concurrencia de AVIALSA --enlazada al investigado primordial, Vicente Huerta Domínguez-- y esporádicamente UTES en las que se integraban otros investigados, entre 1999 y 2017 se concertaron contratos por un total de 151.585.386,22 euros.

La presunta corrupción de los gobernantes y autoridades intervinientes en estos procesos de contratación se hacía con la distribución de limosnas o regalos, lo que habría derivado en "una sistemática actuación de generación de reacciones clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el ámbito".

En preciso, según la resolución judicial, se ha comprobado que, en el ámbito contractual de la Comunidad Valenciana y de la Catalana, el conjunto de entidades o sociedades enlazadas con AVIALSA efectuó por distintos medios, a favor de gobernantes o autoridades, entregas de metálico o regalos firmes en automóviles, cacerías, armas y complementos, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros.

El juez específica que solo a Serafín Castellano, y sin que eso agote todas y cada una de las limosnas entregadas, se le hicieron, tomando únicamente presente el ámbito de las ocupaciones cinegéticas, regalos por importe no inferior a 163.736,02 euros.

García Castellón destaca también que al pactado desempeño de los investigados mencionados y sus compañías contribuyó asimismo la utilización instrumental de la Asociación Española de Compañías Aéreas (Antes de Cristo) gestionada, a tal fin, por el asimismo investigado Dámaso Castejón Amenedo.

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