VALÈNCIA, 20 Sep.
Manolo Mata, entre los letrados del caso Alquería y exportavoz del PSPV en Les Corts, puso de manifiesto que el popular como caso Alquería "es una parte separada de una causa general contra la política democrática valenciana" y ha solicitado la absolución de los acusados. "Se están mudando instituciones públicas y deteniendo a personas sin que sepamos realmente bien por qué razón", ha lamentado tras cuestionar el origen del trámite Alquería.
Así se pronounció el letrado Manolo Mata, quien representa a entre los exdirectivos presuntamente 'conectados' en Divalterra, Víctor Jiménez, a lo largo del turno de cuestiones anteriores en el juicio que se prosigue en la Audiencia de Valencia que suma 14 acusados.
Inicialmente el trámite sumaba 15 acusados pero ayer, el día que arrancó la visión, el tribunal decidió absolver 'in voice' a uno tras demandarlo las acusaciones populares --PP y Acción Civil--, quienes eran las únicas partes que acusaban al exdirectivo, Pau Pérez.
El letrado Mata ha aprovechado esta resolución para reclamar, en su turno de palabra, que asimismo se absuelva al resto de acusados: "La perplejidad de las defensas es tremenda. Las acusaciones retiraron la acusación a un individuo que está en exactamente las mismas condiciones que el resto que se encuentra en el banquillo. ¿Qué hacemos aquí entonces?", se ha preguntado, mientras que ha aducido vulneración del derecho de defensa y de la presunción de la inocencia.
Así mismo, el letrado, quien ha insistido en la absolución o en que la causa regrese a instrucción, se ha sumado a sus compañeros de defensa y ha solicitado la expulsión de las acusaciones populares del trámite: "Los conjuntos parlamentarios y municipales no tienen personalidad jurídica según la jurisprudencia", dijo, al paso que ha aludido a una suerte de "poltergeist" en el poder que se arroga la acusación.
Además, indicó que nos encontramos frente a una "persistente investigación prospectiva" y ha añadido que la causa está contaminada y que la indefensión es "manifiesta".
Por último, ha lamentado que es "inaceptable" que se llegue a juicio sin que las defensas tengan la causa íntegra, en tanto que les falta diferente documentación y, en el caso de continuar la visión, ha solicitado que los acusados declaren en el final.
Rodríguez se encara a una lástima, así como demanda la Fiscalía Anticorrupción, de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación. La misma solicitud de prisión la prolonga al que fuera su jefe de gabinete en la empresa provincial, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (los dos por cooperación precisa) y para los 2 exgerentes de la compañía pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejercita la acusación, demanda 18 años de prisión para Rodríguez.
El caso Alquería se enfoca en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la compañía pública Divalterra --que se cerró el mes pasado de junio-- para beneficiar a personas similares del PSPV y Compromís.
Rodríguez llegó a ser detenido el 27 de junio de 2018, en el momento en que ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en el mes de julio, más allá de que se sostuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que convalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en el mes de abril de ese año el PSPV.
A Rodríguez, Reguart, los 2 exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les asigna los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en archivo oficial.
Además, el fiscal solicita para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad reportaje y cinco mucho más por malversación de caudales por cooperación precisa; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. También solicita el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.
