VALÈNCIA, 24 Sep.
La representante anexa del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Elena Bastidas, ha censurado los "impagos millonarios" de la Conselleria de Igualdad "ahogan" a los centros de menores con "contratos expirados".
Bastidas, en un aviso, ha criticado el "continuo retardo" por la parte de la Conselleria en los pagos de los 21 centros que tienen sus contratos expirados y ha concretado que la Administración autonómica "adeuda 16,7 millones de euros a seis entidades de idea popular y sin ánimo de lucro por la administración de hogares de acogida y viviendas socioeducativas".
"Estos impagos ponen bajo riesgo la supervivencia de estas entidades sin ánimo de lucro que tienen inconvenientes para realizar en frente de los sueldos de las plantillas y a los costos", ha alertado.
La representante 'habitual' ha considerado que "no puede ser" que el Consell "lleve arrastrando a lo largo de años este inconveniente", con lo que ha instado al Ejecutivo valenciano a adoptar "de manera inmediata" un mecanismo presupuestario para contemplar todas y cada una de las subvenciones adscritas a estos centros y para "tener cada día los contratos que expiran".
"Tanto el Síndic de Greugues como Antifraude ahora han demandado a Igualdad que atienda estos pagos, pero hacen ni caso y prosiguen sin solucionar la situación. Es inaceptable que dejen de abonar lo adeudado", ha insistido Bastidas.
Así, se ha preguntado "qué sucedería si los consellers no hubiesen cobrado su salario desde octubre del año pasado". "Es escandalosa la situación mientras que Ximo Puig y Aitana Mas no dicen nada, no entendemos si por desconocedores o por indolentes", expresó.
En este punto, Elena Bastidas ha pedido a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, que "resuelva de una vez los retrasos en la administración y normalización de los contratos públicos pertinentes y proceda a abonar las deudas".
"Puig ahoga a estas entidades que atienden a mucho más de quinientos de pequeños, pequeñas y jovenes en situación vulnerable que están en el sistema de protección o cumpliendo medidas judiciales", ha censurado.
"Estos retrasos se aúnan a las deudas millonarias a entidades sociales que desarrollan programas de atención a la gente con discapacidad, problemas médicos mental, patologías neurodegenerativas, colectivos atacables, tercera edad y personas bajo riesgo de exclusión popular", ha concluido.
