Crónica Valencia.

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El PPCV demanda aclaraciones al Gobierno y a la CHJ sobre la retirada de agentes medioambientales durante la dana.

El PPCV demanda aclaraciones al Gobierno y a la CHJ sobre la retirada de agentes medioambientales durante la dana.

Según la información remitida a Les Corts por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), se ha confirmado que la mayoría de los agentes responsables de la vigilancia de barrancos trabajaron por la mañana, con solo tres de ellos en sus puestos hasta las 17:00 horas.

VALÈNCIA, 10 de septiembre.

El síndico del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido al Gobierno y a la CHJ que aclaren por qué "ninguno de los agentes encargados de supervisar los barrancos estaba presente la desafortunada tarde de la dana". Además, ha denunciado que continúan sin tomar medidas efectivas para resolver esta problemática.

Estas declaraciones se producen tras el análisis de la información proporcionada por la CHJ en respuesta a un requerimiento de datos por parte de la Comisión de investigación del Parlamento sobre la dana. En este informe, se detallan los horarios durante los cuales los agentes medioambientales estuvieron operando.

Pérez Llorca ha señalado que tanto el jefe de zona como el responsable de subzona trabajaron de 8 a 17 horas, no solo durante los días clave del 28 al 31 de octubre, sino también en los días posteriores, del 1 al 3 de noviembre.

Uno de los agentes de subzona estuvo en su puesto de trabajo de 8 a 17 horas los días 28 y 29 de octubre, ausentándose posteriormente por el fallecimiento de un familiar. Por su parte, el agente del sector 64 se encontraba de baja médica, mientras que otro trabajador perdió su vehículo durante sus funciones ese mismo día 29 en Utiel.

El informe de la CHJ, al que tuvo acceso Europa Press, también indica que el resto de los guardas y agentes realizaron sus tareas mayormente en horario matutino.

Las actividades realizadas durante el 28 y 29 de octubre se centraron esencialmente en la vigilancia del dominio público hidráulico y en atender solicitudes de información de diversas unidades administrativas de la Confederación, en el contexto del episodio de crecidas del 29 de octubre. En los días sucesivos, su labor principal consistió en evaluar daños al dominio público y resolver dudas a la ciudadanía, todo ello en un contexto donde las infraestructuras de acceso estaban considerablemente afectadas.

Estas actividades se complementaron con la elaboración de informes y gestión de información recabada en campo, que a menudo se realiza de forma remota durante parte de la jornada laboral.

En lo que respecta al monitoreo en ramblas, barrancos y áreas inundables, la CHJ ha subrayado que el control hidrológico es extremadamente complicado sin la total colaboración de los ayuntamientos, que deben estar alineados con los centros de coordinación de emergencias.

Además, insisten en la necesidad de establecer un sistema eficaz de comunicación entre los municipios de una misma cuenca fluvial, así como implementar un Plan de actuación municipal ante inundaciones.

Es importante resaltar que, en estos casos, la atención en el seguimiento de los barrancos no está a cargo de la CHJ, sino que esta solo contrasta la información que recibe del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Por eso hay varios puntos de control en algunos barrancos, que son sensores de nivel, y que son particularmente vulnerables ante crecidas significativas.

El seguimiento, entonces, debe ser llevado a cabo por el CCE, con información recogida de todos los agentes involucrados, no solo de la CHJ, sino también de los municipios y de los servicios de intervención en el terreno, tales como la Guardia Civil y los Bomberos Forestales de la Generalitat, entre otros.

Desde el Partido Popular de la Comunitat Valenciana sostienen que dicha información refuta la narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la trágica riada del 29 de octubre. "Hemos revelado que ninguno de los encargados de vigilar los barrancos estaba trabajando esa tarde. Y siguen sin actuar para cambiar esta situación", lamentó Pérez Llorca.

Para la formación popular, esto evidencia el desprecio del Gobierno hacia la Comunitat Valenciana y su falta de interés por prevenir tales tragedias.

Pérez Llorca destacó además que el Gobierno de Sánchez tenía la responsabilidad de monitorizar el caudal de los barrancos. "Estas infraestructuras, descuidadas durante años, no tuvieron vigilancia ese día. Si los técnicos de la CHJ hubieran estado alerta y hubieran advertido a tiempo sobre el gran volumen de agua que se venía, se podría haber alertado a la población", declaró.

Asimismo, enfatizó que es "urgente y esencial" la implementación de sistemas de medición y vigilancia de caudales, ya que "la lluvia no entiende de burocracias". Por eso, advirtió que toda la Comunitat Valenciana está en riesgo, desde la Vega Baja hasta el Baix Maestrat, y que ya no se aceptan más excusas por la falta de inversión de un Gobierno que ignora las necesidades de la región.

Además, resaltó que el sistema actual demostró ser poco fiable, ya que un monitoreo reciente indicaba una alerta roja en el barranco del Poyo por un caudal que superaba los 150 metros cúbicos, y sin embargo, el barranco estaba completamente seco.

Finalmente, el síndico popular valoró la labor del Consell de Carlos Mazón, quien ha asumido responsabilidades que no le corresponden, como la limpieza del alcantarillado. "No se puede esperar más. Con la nueva temporada de lluvias a la vuelta de la esquina y una alerta naranja ya activa en toda la provincia de Alicante, el Gobierno no ha hecho nada para limpiar cauces ni acelerar los trabajos de reconstrucción", concluyó.