El precio máximo de venta de Vivienda de Protección Pública se fija en 2.200 euros el m2 por el Consell.
La Comunitat Valenciana ha aprobado un nuevo Reglamento de Vivienda de Protección Pública con el objetivo de hacer frente a la escasez de vivienda asequible y unificar la normativa. Entre las medidas, se estableció un precio máximo de venta de 2.200 euros por metro cuadrado para la Vivienda de Protección Pública. Sin embargo, este precio puede ajustarse en función de los costos del material y no debe superar el precio de mercado de la vivienda libre de obra nueva.
El precio máximo de alquiler dependerá de las diferentes escalas de ingresos de la unidad de convivencia e incluirá los gastos de comunidad ordinarios. Por ejemplo, una unidad familiar que gane 1.600 euros al mes no puede pagar más de 420 euros de alquiler por una vivienda de 70 metros cuadrados. El reglamento también establece la posibilidad de reservar hasta un 100% de las viviendas de promociones privadas para su adquisición por la administración en municipios de Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA), así como una reserva del 40% en la oferta de vivienda de protección pública para jóvenes.
La nueva normativa unifica la reglamentación vigente hasta la fecha y regula tanto la promoción privada como la pública, además de la gestión del patrimonio público de viviendas y suelo de la Generalitat. Asimismo, se regula la distinción entre la promoción pública y la privada y se sistematiza cada uno de los regímenes a lo largo de la norma.
Una de las novedades más destacables es el carácter permanente de la calificación de las Viviendas de Protección Pública, para tratar de frenar la especulación en este tipo de viviendas. Además, se permite el acceso a la propiedad de personas jurídicas, siempre que se produzca el destino a arrendamiento o cesión de uso de viviendas que deberán ocuparse por personas físicas que cumplan los requisitos para acceder al alquiler de ellas. También se contempla la excepcionalidad de mantener la propiedad de una única vivienda de protección pública, de modo transitorio, en los casos de necesidad por cambio de domicilio y vinculado a obtener la calificación permanente si la vivienda no la tiene.
En definitiva, se persigue lograr la simplificación normativa y la seguridad jurídica en la gestión de inmuebles de promoción pública y patrimonio público de la Generalitat, incluyéndose la regulación referente a la gestión de los inmuebles, precios de venta, renta y cesión de uso, conservación, medidas de regularización, recuperación de la titularidad o disponibilidad de viviendas y régimen de otro tipo de inmuebles.