• sábado 03 de diciembre del 2022

El Supremo anula el permiso remunerado de una hora del funcionariado de la Generalitat para cuidar a los hijos

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VALÈNCIA, 13 Jul.

El Tribunal Supremo ha anulado el apartado 4 del producto 7 del Decreto 42/2019 de la Generalitat que daba cobertura al permiso remunerado de una hora del personal funcionario para el precaución de los hijos.

El decreto autonómico de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat establecía, en el apartado en este momento anulado relativo a las reducciones de día, que se va a poder pedir reducción de día de una hora día tras día sin disminución de remuneraciones en el momento en que el plantel tenga a su cargo 2 o mucho más pequeños de 12 años o menor, o uno menor de tres años, tal como menores o personas mayores que requieran particular dedicación, por ejemplo situaciones.

Ahora, el Alto Tribunal, en una sentencia fechada a 29 de junio y consultada por Europa Press, cree que "la concesión de la reducción de día para precaución de hijos menores de 12 años a los gobernantes de las corporaciones debe comportar la disminución de sus remuneraciones con arreglo al producto 48 h) del Estatuto Básico del Empleado Público".

La causa tiene su origen en una demanda de un funcionario del Ayuntamiento de Aspe que denunció a la empresa por negarle el derecho a gozar de la reducción de una hora sin pérdida de Haberes. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de los de Alicante falló en pos del trabajador y le reconoció este derecho. El letrado del Ayuntamiento de Aspe preparó recurso de casación contra la referida sentencia.

La Sala del TS declaró que la cuestión planteada en el recurso muestra interés casacional propósito para la capacitación de la jurisprudencia, relativa a si procede o no la concesión de

privilegios que suponen la reducción de día sin disminución de remuneraciones a los gobernantes públicos de las Corporaciones Locales con base en la normativa autonómica, dada la regulación del producto 48.h) del Estatuto Básico del Empleado Público.

Para el Tribunal, "es verdad que el precepto reglamentario valenciano aplicado por la sentencia" recurrida "se enfrenta a la prescripción del producto 48 h) del Estatuto Básico del Empleado

Público", con lo que "la consecuencia no puede ser otra que la estimación del recurso de casación y la anulación de la sentencia dictada por el Juzgado n.º 2 de los de Alicante, con la consiguiente desestimación del recurso impulsado" por el funcionario "ya que el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Aspe es de conformidad con Derecho".

El Tribunal Supremo falla, no solo ofrecer sitio al recurso de casación y anular la sentencia del juzgado alicantino, sino más bien asimismo anular el producto 7, apartado 4 a), 3.º del Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalidad. Cada parte va a correr con las costas ocasionadas a su instancia y con las recurrentes por mitad en el recurso de casación y no se hace imposición de las de instancia por las inquietudes provocadas por la cuestión discutida.

La sentencia llama la atención además de esto sobre dado que, en el momento en que la Sala solicitó a las partes y a la Generalitat que

aleguen sobre la legalidad del producto 7, el letrado del funcionario no hiciera empleo del período concedido y que la Generalitat "lo dejó pasar y, solo en el momento en que se le avisa la caducidad del trámite, ha anunciado un escrito pidiendo la retroacción del trámite a fin de que logre imponerse de los términos del recurso de casación, más allá de que nos comunica que el parecer de la sentencia ha de ser afirmado".

La Sala comprende que la Generalitat dispuso de "suficiente tiempo para hacerse con la información del litigio y mostrar su situación sobre la disputa", con lo que no aceptó la retroacción pedida.

A este respecto, Intersindical Valenciana ha criticado que la "desidia de la Generalitat permitió que una Sentencia del prominente tribunal anulara" esta regla y advierte que "la sentencia podría condenar al personal que hasta la actualidad goza del permiso remunerado por precaución de pequeños a una reducción proporcional del sueldo, como se establece a la legislación básica del estado".

De este modo, ha lamentado que "la conciliación del personal padece un detrimento en derechos que queda supeditado a la coyuntura económica de cada unidad familiar, que se añade a la pérdida de poder de compra que padece el plantel funcionario de cerca de un diez%, agravado mucho más aún si cabe por la presente escalada de costos y también inflación causada por la guerra de Ucrania". "Otra traba para la igualdad de la gente que significa un paso atrás", ha criticado.

Se trata, ha aseverado, de un "golpazo mucho más" para la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, "a la que los tribunales están tumbando una gran parte del cuerpo legislativo que regula las condiciones del personal funcionario de la Generalitat".

"La única vía que queda se ingresar este derecho en una regla con rango de ley con carácter de urgencia y de este modo lo vamos a reclamar desde Intersindical Valenciana", ha concluido.

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