• viernes 27 de enero del 2023

El Supremo establece que debe existir autorización judicial o del tolerante para conseguir datos médicos en indagaciones

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Exculpa a un hombre por el hecho de que la Guardia Civil accedió a sus datos médicos sin permiso y fueron clave para condenarle

MADRID, 29 Dic.

El Tribunal Supremo sienta doctrina y establece que es requisito tener autorización del tolerante o con autorización judicial para conseguir datos médicos no anonimizados que pretendan ser usados en una investigación delictiva.

De esta manera se pronounció la Sala de lo Penal del Alto Tribunal utilizando la revisión de un caso en el que un hombre fue culpado por la Audiencia de Alicante una vez que la Guardia Civil accediese a sus datos médicos y estos sirviesen para conseguir la sentencia.

El Supremo ha absuelto en este momento por carecer de pruebas a ese hombre que fue culpado a nueve años de prisión por los delitos de hurto y lesiones. Considera que la Guardia Civil accedió, sin el permiso del acusado y sin autorización judicial, a datos médicos, de donde extrajo la identidad y el número de teléfono que dejó enlazarlo con los hechos por los que fue culpado.

Cree de este modo medianamente el recurso de casación anunciado por el culpado y anula la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Alicante, que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV).

El hombre fue encontrado culpable en instancia por un delito de hurto con crueldad en el hogar habitada, con empleo de arma y con las agravantes de disfraz y reincidencia; un delito de hurto fuertemente en el hogar habitada, 2 delitos de lesiones y un delito suave de lesiones.

En su recurso, la defensa del culpado denunciaba la invalidez constitucional de una sección fundamental de la prueba gracias a que se la había atribuido la compromiso de los hechos desde un informe médico, elaborado en el momento en que asistió al hospital para ser tratado de unas lesiones, que la Guardia Civil consiguió sin autorización judicial y que fue incorporado a las actuaciones.

En determinante, mantenía que si la Guardia Civil no hubiese conseguido ese informe médico, con datos que afectaban "intensamente a su intimidad", no hubiese preparado de ningún apunte sobre su identidad.

El recurrente asimismo propuso esta cuestión antes frente a la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia, que en sus respectivas sentencias consideraron que se afectó la privacidad del acusado, de manera ligerísimamente invasiva, con lo que no era precisa ninguna resolución judicial.

Pero el Supremo en su sentencia, ponencia del magistrado Pablo Llarena, remarca que es requisito tener autorización del tolerante o con autorización judicial para conseguir datos médicos no anonimizados que pretendan ser empleados en una investigación delictiva.

La Sala señala que, desde un chato de legalidad ordinaria, ninguna objeción se establece a que los datos personales, aun los médicos en el momento en que estén anonimizados, logren ser cedidos por los centros sanitarios para una investigación policial, aun alén de una investigación específica y concreta.

Pero precisa que "la ley interna de españa, de conformidad con las opciones concedidas por el ordenamiento comunitario, impone que permanezca una autorización judicial y que esté particularmente apuntada a un trámite de investigación preciso, en el momento en que se pretendan los datos clínicos asistenciales que corresponden a un preciso y también reconocido sujeto".

Por este motivo la Sala anula la actuación policial de investigación gracias a que los agentes policiales "accedieron a los datos recogidos en el historial médico hospitalario, consiguiendo la identidad y los datos de incriminación que llevan a su condena".

El tribunal enseña que en el historial se recogían las lesiones que concluyeron que el acusado, pocos días tras el ataque, asistiera al servicio de emergencias del hospital. Además de las lesiones objetivas que observó el médico, el parte recogía la manifestación del tolerante sobre de qué manera se habían provocado, específicamente, "que padeció las lesiones a consecuencia de ser golpeado en el hombro con una maza y por haber sufrido después un incidente de tráfico".

Estos sucesos coincidían con la descripción del combate mantenido con una de sus víctimas y con la ubicación del vehículo accidentado en el que habían huido.

Y añade que del mismo parte se consiguieron los 2 datos de asignación de compromiso al recurrente que la investigación no ha podido conseguir por ninguna otra vía: En primer rincón, la identidad del sujeto que presentaba las sugestivas lesiones y seguidamente, el número telefónico que dejó vincular al tolerante con los hechos.

La sentencia repudia el recurso que presentó otro de los condenados por estos sucesos y asegura su condena a 25 años de prisión por 4 delitos de hurto con crueldad en el hogar habitada, con empleo de arma y agravante de disfraz, un delito continuado de hurto en el hogar habitada, delito de integración en conjunto criminal y 2 delitos de lesiones.

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