La investigación relacionada con las acciones del exministro José Luis Ábalos ha dado un nuevo giro, con la reciente decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de convocar al exministro para que declare voluntariamente el próximo 12 de diciembre a las 10 horas. Esta comparecencia forma parte de la causa que se sigue por la supuesta contratación irregular de mascarillas durante la crisis sanitaria que alteró al mundo entero.

En su auto emitido este lunes, el juez Puente ha expresado que es necesario proporcionar a Ábalos la oportunidad de defenderse, antes de determinar si se procederá a solicitar un suplicatorio al Congreso, dado que Ábalos es aforado. Esta decisión refleja un intento de garantizar que el exministro tenga acceso a una defensa adecuada en el contexto de las acusaciones que se ciernen sobre él.

El magistrado ha indicado que el abogado de Ábalos debe comunicar lo antes posible si el exministro se presentará a la declaración programada. En caso de que la defensa decida no asistir, el juez ha dejado claro que la cita del 12 de diciembre se cancelará, lo que pone de manifiesto la importancia de este procedimiento en el proceso judicial.

El mismo auto establece fechas para la comparecencia de otros dos investigados en este caso. El empresario Víctor de Aldama está convocado para declarar el 16 de diciembre, mientras que Koldo García, exasesor de Ábalos, deberá presentarse el 17 de diciembre. Puente ha asumido la competencia de investigar ambos casos, señalando que su situación está intrínsecamente relacionada con la de Ábalos.

En su resolución, el juez Puente ha precisado que la investigación del Tribunal Supremo se centrará en los contratos adjudicados entre la Administración y empresas privadas, además de otros comportamientos que puedan ser equivalentes. En este sentido, se aclara que los aspectos restantes del caso continuarán bajo la jurisdicción del juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, quien está a cargo del conocido como ‘caso Koldo’.

El magistrado también ha resaltado que el Juzgado Central de Instrucción Número 2 deberá seguir con las diligencias respecto a otros investigados, así como de hechos no relacionados directamente con Ábalos, que podrían ser atribuidos a De Aldama y García, incluyendo potenciales delitos contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.

Esta decisión del instructor del Supremo, que marca su primera actividad desde que tomó el mando del caso, se deriva del análisis exhaustivo de un informe presentado por Moreno, que detalla el presunto modus operandi de los involucrados. Este documento sugiere que De Aldama habría aprovechado su influencia sobre Koldo García y Ábalos para obtener contratos en favor propio o de terceros.

Por su parte, Koldo García podría haber actuado como intermediario entre las entidades gubernamentales y las empresas privadas, facilitando así la relación entre De Aldama y Ábalos. Este entramado, de ser demostrado, implica complicidades que no se pueden ignorar en la presente investigación.

El instructor también ha señalado que los pagos realizados por De Aldama, que se relacionan con Ábalos y García, son fundamentales en este proceso. La conexión entre las acusaciones se torna evidente, ya que sería difícil aceptar versiones contradictorias en las que, por ejemplo, se negaran los pagos mientras otros aspectos confirmaran su existencia.

A medida que avanza la investigación, Puente se centrará en las presuntas comisiones que De Aldama habría destinado a Ábalos y García con el objetivo de obtener adjudicaciones de contratos públicos para el suministro de material sanitario durante la pandemia.

Además, en la resolución emitida por el juez, se otorga un plazo de tres días a las seis acusaciones populares que han estado provisionalmente personadas en la causa, que incluyen a partidos como el PP y Vox, para que evalúen la posibilidad de consolidarse en una única acusación, lo que podría simplificar el proceso judicial de forma significativa.