• viernes 3 de febrero del 2023

El TSJCV archiva la demanda de un diputado contra Ximo Puig por el cobro del paro de Mónica Oltra

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Inadmite la demanda contra el 'president' y se afirma no competente en relación a la exvicepresidenta al no ser ahora aforada

VALÈNCIA, 13 Ene.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha archivado la demanda interpuesta por un diputado no adscrito de Les Corts Valencianes contra el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, con relación a el cobro del subvención de desempleo por la parte de la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras su dimisión.

El ya transcurrido mes de diciembre Vicente Fernández, diputado no adscrito en el parlamento valenciano tras dejar el conjunto de Ciudadanos, denunció a Ximo Puig y a Mónica Oltra por probables delitos de malversación y prevaricación, al estimar que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó el decreto de la salida de la exconsellera como un cese y no una dimisión para dejar que ella logre cobrar el paro.

La demanda, presentada frente al TSJCV por la condición de aforado de Puig, se fundamentaba en las afirmaciones que efectuó Oltra en una entrevista televisiva, donde confirmó que cobra mensualmente unos 1.300 euros de desempleo desde el instante en que en el mes de junio dimitiese a causa de su investigación por el supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Ahora, en un coche de 11 de enero y notificado este viernes a las partes, el prominente tribunal valenciano inadmite y archiva esa demanda respecto al jefe del Consell al comprender, de conformidad con el informe de Fiscalía, que no hay rastros de delito en su actuación por el dictado del decreto pertinente. En la situacion de Oltra, la salón afirma su falta de rivalidad para el saber de la demanda, en tanto que no es aforada tras dejar sus cargos.

En su resolución --contra la que cabe recurso en el período de tres días tras la notificación frente nuestra salón-- el TSJ no valora que en la demanda haya, en términos penales, la concreción precisa de "una conducta concreta y personal del demandado con letras y números delictivos" ni tampoco "rastro o elemento del que sea que la actuación del denunciado" al dictar el decreto haya sido dolosa.

Alude en este punto al informe del Ministerio Público, que apuntaba que "el ensamblaje de los elementos del género de la prevaricación para la intención que expresa la demanda se hace únicamente desde la visión del 'posibilismo' al expresar que el dictado del decreto se efectuó 'muy probablemente con la intención de favorecer a ...'", esto es, con "un tono hipotético".

Además, sobre la supuesta malversación de caudales públicos, el Fiscal asimismo apuntaba que Puig no posee intervención personal alguna en las siguientes "contrariedades y relaciones jurídicas" que Oltra haya podido sostener tras su cese, o con motivo del mismo, específicamente sobre las posibilidades de desempleo de la Seguridad Social, que hubiesen podido producirse entre la exvicepresidenta con otras instituciones, como el SEPE.

"En consecuencia, --remarca el coche-- y es lo importante para el presente trámite, se trataría de hechos siguientes al dictado del decreto para los que esta Sala no tiene rivalidad, al

referirse a la denunciada y al no existir rastros específicos de participación personal del aforado, no siendo, además de esto, Oltra aforada a esta Sala, con lo que, en su caso, la rivalidad en el ámbito penal la tendrían los juzgados ordinarios".

Asimismo, el TSJCV ten en cuenta que la interposición de una demanda o demanda no conduce siempre a su admisión si no se proponen elementos o principios de prueba que "acrediten razonablemente su situación".

"Un interpretación de la regla ceñida al canon que comunica el sistema constitucional de derechos y libertades lleva a excluir la apertura de un desarrollo penal para la investigación de unos hechos de

importancia penal únicamente sospechosa, o sea, una investigación prospectiva, que no aporte, desde el conocimiento propio del querellante, un rastro propósito de su situación. De lo opuesto, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación fundamentada en la pura fachada", advierte.

Por todo ello, concluye el prominente tribunal, no cabe sino más bien, coincidiendo con el método del Ministerio Fiscal, inadmitir la demanda en relación a Ximo Puig "por no concurrir los requisitos precisos para su admisión".

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