• sábado 03 de diciembre del 2022

El TSJCV asegura que Sanidad vulneró derechos de los médicos de la privada por el retardo al vacunarles de la covid

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El Colegio de Médicos comenzará un trámite de compromiso familiar y calcula que se va a poder utilizar a 400 galenos de Alicante

ALICANTE, 13 Sep.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desechado el recurso interpuesto por la Conselleria de Sanidad contra el fallo de un juzgado de Alicante que le condenó el pasado 13 de enero por vulnerar el derecho primordial a la igualdad, a la salud y a la vida de los médicos de la privada, que no lograron entrar al desarrollo de vacunación contra la Covid-19 en exactamente las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública.

La sentencia, que puede ser recurrida frente al Supremo, asegura la resolución del Juzgado de lo contencioso-Administrativo número 3 de Alicante y también impone, además de esto, 2.000 euros de costas a la administración.
Según consta en el fallo, los médicos que ejercitaban la medicina en la privada no comenzaron a ser vacunados hasta el 15 de febrero de 2021, con prácticamente un par de meses de retardo en frente de los galenos del sistema público y una vez que desde el Colegio de Médicos de Alicante se solicitara medidas cautelarísimas, que fueron aprobadas el 21 de enero y, más tarde, ratificadas por medidas cautelares.

Para la salón, hubo un retardo "cuanto menos negligente" en esa vacunación a los médicos de la privada, a los que se retrasó esa vacuna, pese a la exposición a exactamente los mismos peligros. Y cree que ese retardo "de ningún modo se encontraba justificado" por un doble fundamento: la lista de prioridad para los sanitarios "de primera línea" establecida por las autoridades sanitarias no establecía distinciones entre los facultativos, y pues los peligros para la vida y la salud de los galenos con exposición por el virus eran exactamente los mismos en los dos casos.

Según la sentencia no se comprende "de ningún modo que a uno se les proporcionase la vacuna y a otros después", ya que estaban "sometidos a exactamente los mismos peligros" y haber procedido así justifica "la invocación del derecho a la salud, e inclusive a la vida", por la exposición a una patología infecciosa y dañina para su integridad física.

De este modo, repudia las alegaciones de la administración valenciana, que negaba vulneración alguna y se justificaba en que en las vacunaciones se habían respetado los principios "de necesidad, de igualdad, de reciprocidad y de evaluación de los peligros de exposición, transmisión, morbilidad grave y mortalidad".

La salón apunta que lo importante para su enjuiciamiento es que "pese a tener medios, aun en el momento en que fuesen deficientes, hubo un déficit de atención en la prestación de la vacunación a los sanitarios de la medicina privada con relación a los de la pública", que resulta "discriminatoria", pese a estar todos y cada uno de los sanitarios expuestos a exactamente las mismas ocasiones de peligro, que comprometían "dificultosamente" su salud. Y concluye que Sanidad dio prioridad a su personal "desatendiendo" la atención de los sanitarios no dependientes de sus instituciones públicas.

El presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz, la vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios de Médicos de España, María Isabel Moya, y el secretario jurídico, Guillermo Llago, han brindado este martes una rueda de prensa para argumentar la sentencia y comunicar las medidas que de ella se derivarán.

Moya, que impulsó la demanda al ocupar en aquel instante la presidencia del esta institución en Alicante, explicó que en esos instantes, la sanidad privada se encontraba intervenida y que en la estrategia nacional de vacunación "no establecía ningún orden, como no podía ser de otro modo" a fin de que no se vea vulnerado el producto 14 d ella Constitución De españa.

La vicepresidenta explicó que entonces vivieron con "mucha alarma" el "orden de prelación" que impuso la Conselleria de Sanidad y debieron efectuarle varias consultas y necesidades, ofrecimientos múltiples y trasladaban que en ninguna otra autonomía se se encontraba generando esa distinción que vulneraba los derechos de los médicos a la igualdad.

Cuando apreciaron que no se estaban sabiendo sus necesidades, eligieron asistir a la Justicia y, según su criterio, "la moraleja de esta sentencia es lo más esencial y sucede que en estado de derecho y en un estado de alarma y peligro" para la salud por la pandemia, es imposible imponer un trato diferente "por el mero hecho de trabajar en otro ámbito laboral distinto, una empresa como la nuestra no lo tenemos la posibilidad de aceptar".

Desde el Colegio de Médicos de Alicante se detallan con esperanzas en que Sanidad no recurra frente al Supremo "al estar realmente bien argumentada" la resolución del TSJCV, según Hermann Schwarz.

Mientras aguardan a que la sentencia adquiera solidez, han comunicado que empezarán un trámite de compromiso familiar, amparado en la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, a través de el que demandarán un resarcimiento para los médicos alicantinos damnificados por los daños personales, morales y materiales que han sufrido.

En total, estiman que hay cerca de 400 médicos a los que puede ser de app este desarrollo. Los sanitarios deberán justificar que padecieron contagio, o se vieron obligados a cerrar sus despachos o no trabajar en sus centros privados a consecuencia de la pandemia.

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