El TSJCV niega la petición de abogados para frenar colectivamente los procesos judiciales por la alerta roja.
VALÈNCIA, 29 de septiembre. La Comisión Permanente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decidido no suspender de forma general las actividades judiciales a pesar de la alerta roja emitida por las condiciones meteorológicas adversas. Aun así, ha señalado que tanto los usuarios como los profesionales del derecho no están obligados a presentarse en las sedes judiciales si enfrentan dificultades en su desplazamiento, priorizando siempre la seguridad personal.
Este órgano de gobierno de los tribunales en la región se reunió con carácter urgente, tras la activación de la alerta, y ha vuelto a reunirse para analizar la solicitud planteada por los colegios de abogados y procuradores, quienes solicitaban la suspensión de todos los juicios programados mientras se mantenga la alerta roja en los partidos judiciales afectados.
La Sala de Gobierno ha optado por no implementar una medida de suspensión generalizada, ya que considera más adecuado equilibrar el derecho de aquellos que no pueden desplazarse con el derecho de aquellos que sí pueden asistir a sus juicios. De esta manera, se busca evitar los inconvenientes que podría causar a algunas personas el no poder llevar a cabo su actuación judicial, especialmente en casos donde llevan años esperando una resolución.
El acuerdo adoptado sostiene que la declaración de alerta roja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología crea una presunción de que en las zonas afectadas es difícil o imposible acudir a las actuaciones judiciales. Sin embargo, si un ciudadano o profesional encuentra problemas para desplazarse, solo necesitará hacer una llamada al tribunal correspondiente para justificar su ausencia.
Este enfoque se alinea con un acuerdo previo del Consejo General del Poder Judicial, que afirma la importancia de evaluar la situación de forma equilibrada, considerando la magnitud de la emergencia y los posibles daños que podría causar la suspensión de actividades a aquellos que no se ven afectados por la misma.
A la vez, la Sala de Gobierno recalca que su decisión es coherente con las recomendaciones de las autoridades, que instan a priorizar la seguridad en situaciones de riesgo. En este sentido, ha emitido un mensaje claro reiterando que no hay obligación para quienes enfrenten dificultades para desplazarse en las zonas afectadas por el clima adverso.
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