VALÈNCIA, 30 Ene.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desechado el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado y decidió sostener la suspensión cautelar, a solicitud de la Comissió Ciutat-Port, de la resolución del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) del 30 de marzo de 2021, que posibilitaba que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) pudiese elegir por sí misma sobre la necesidad o no de una exclusiva declaración de encontronazo ambiental (DIA)para la ampliación norte del Puerto de València.

En consecuencia sigue la resolución judicial del mismo tribunal que estimaba la solicitud de la Comissió Ciutat-Port y ordenaba la suspensión de la resolución de marzo de 2021 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ligado del Miteco, según informó la interfaz ciudadana en un aviso.

La Comissió destaca que el cuidado de la suspensión cautelar "priva a la APV de la oportunidad de elegir por sí sola sobre la necesidad o no de evaluación ambiental sobre una macroampliación" que, según la interfaz, "de efectuarse, pondría en riesgo el futuro ambiental y la calidad de vida del área metropolitana y la presencia misma del lago de la Albufera".

De acuerdo con la entidad, en la presente situación de suspensión cautelar de la oportunidad de resolución de la APV sobre la evaluación ambiental, la autoridad portuaria "no podría subir al Consejo de Ministros la petición de autorización para la contratación de las proyectos del emprendimiento precipitadamente aprobado por su consejo de administración el pasado 2 de diciembre, sino debe regresar a la casilla de salida si no desea incurrir en graves responsabilidades por infracción de la legislación ambiental".

La Comissió Ciutat-Port "viene cuestionando la legalidad del accionar abstencionista tanto del organismo estatal Puertos del Estado, ligado del Ministerio de Fomento, como del Miteco al eludir los dos sus responsabilidades eludiendo pronunciarse sobre la cuestión clave de los malvados impactos en el medio ambiente y la salud que podría ocasionar la macroampliación que fomenta la Autoridad Portuaria de Valencia", ha señalado.

En este sentido, ten en cuenta que en el momento en que el Miteco, en el tercer mes del año de 2021, dictó esa resolución para "transformar a la APV en juez y parte" en la evaluación de impactos ambientales de la ampliación, 14 años tras la primera DIA de 2007, la interfaz ciudadana ahora recurrió en vía administrativa frente nuestro Ministerio "sin conseguir contestación", con lo que asistieron a los tribunales frente a un archivo que estiman que es nulo "de pleno derecho" y dictado "en estafa de ley".

Es en ese trámite judicial, iniciado frente a la Audiencia Nacional pero derivado al final a la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJM, "donde se ha ratificado en este momento la primera resolución judicial conveniente a los razonamientos de la interfaz ciudadana", ha valorado la Comissió Ciutat-Port.

A su juicio, el Miteco y Puertos del Estado "van a deber en este momento dejar su política abstencionista y asumir sus obligaciones ambientales en vez de derivar las responsabilidades en la APV" y van a deber elegir "con una motivación correcta si las ediciones edificantes introducidas respecto de la iniciativa inicial (...) tienen que someterse o no a novedosa evaluación ambiental".

La interfaz ciudadana ha señalado que, "si bien hablamos de una medida cautelar que no prejuzga la sentencia final sobre el fondo del tema", el TSJ de Madrid en su resolución, en este momento confirmada, avanza que "valorados los distintos intereses en enfrentamiento, el aspecto de buen derecho de la intención y la necesidad de garantizar la eficiencia de una eventual sentencia estimatoria", concurren las situaciones para la suspensión cautelar "habida cuenta de un fumus de inexistencia del trámite debido para hacer la modificación en la DIA" de la ampliación.

En este momento, apunta la Comissió, el tribunal confirmó "la presunción de buen derecho y la presencia de riesgo para la efectividad de la futura sentencia si esta es conveniente y la resolución recurrida ahora se ha ejecutado antes de dictarse esa sentencia".

Unas consideraciones del tribunal que los portavoces de la Comissió Ciutat-Port interpretan como "un nítido respaldo a sus razonamientos" y les transporta a sostener "una razonable seguridad en una resolución final que fuerce a reconsiderar la macroampliación del Puerto de Valencia por sus malos frutos sobre el medio ambiente, la calidad de vida y la salud de la población del área metropolitana".

"Pensamos que el Puerto de València no requiere apostar por crecimientos peligrosos en tiempos de urgencia climática y también indecisión económica, sino puede decantarse por mejorar su administración, racionalizando la utilización del espacio de hoy infrautilizado y progresando sus procesos de trabajo, implicando a la gente y compañías que trabajan en exactamente el mismo. Ello en vez de forzar las leyes y gastar dinero público para beneficiar a un único operador privado", asegura la Comissió Ciutat-Port.

Además, influye en que "la macroampliación del Puerto de Valencia es cuestionada por prácticamente doscientos colectivos ciudadanos, organizaciones de estibadores y varios reportes profesionales y jurídicos emitidos por distintos especialistas".

La Comissió Ciutat-Port ha reiterado "su llamada al los pies en el suelo" a los causantes políticos y, particularmente, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a fin de que "se alinee con los intereses en general y abandone megaproyectos predadores del territorio y la calidad de vida de la ciudadanía, indignos de un gobierno de avance".