• sábado 03 de diciembre del 2022

Excontratados en Divalterra como alta dirección niegan donaciones a partidos: "Ni las solicitaron ni las hice"

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VALÈNCIA, 29 Sep.

Algunas de la gente que consiguieron un contrato de alta dirección en la extinta Divalterra han negado que estuviesen afiliados a algún partido o haber hecho donaciones: "Ni me las solicitaron ni las hice tampoco".

Así se pronounció Manuel Carot, entre los siete acusados de ser "conectados" en Divalterra, en el juicio que se prosigue en la Audiencia de Valencia por la situacion Alquería, que suma 14 encausados por contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la compañía pública Divalterra para beneficiar al PSPV y a Compromís.

Carot, quien de la misma sus compañeros de banquillo únicamente ha amado contestar a las cuestiones elaboradas por las defensas, explicó que unos viejos compañeros de Imelsa --estuvo ocupando un puesto de brigadista en el Consorcio-- le comentaron que se iba a haber un desarrollo selectivo en Divalterra.

Así, indicó que se notificó de los puestos, logró el teléfono del gerente de la compañía pública, José Ramón Tíller, le llamó y éste le solicitó su currículo. Previamente ahora le había remitido por correo su experiencia y capacitación académica.

Tras ello, logró 2 entrevistas con Tíller. En la primera de ellas intercambiaron ideas sobre un emprendimiento de vías verdes y, en la segunda, le entregó una ampliación de su currículo por un curso que no había incluido. En ese instante Tíller le comentó que había mucho más gente que optaba al puesto.

Pasado un tiempo le volvieron a llamar para señalarle que le habían elegido y fue mencionado para firmar el contrato. Lo leyó pero, según ha matizado, no participó en su redacción. Sobre su contenido dijo que no se le explicó que tenía que ver con un contrato de alta dirección ni los requisitos. Leyó que ponía "algo" de un producto 12 pero "no sabía que era eso". "Ni se me llegó a suceder que aquello podía ser una cosa errada. Ni iniciativa", ha subrayado.

Preguntado por si acaso se le solicitó como requisito para ocupar el puesto realizar donaciones a algún partido, el acusado, que se hizo cargo del área de zonas verdes, ha respondido que "no". "Ni las hice tampoco", ha apostillado.

Otro de los acusados, Miguel Ángel Ferri, con capacitación en administración ambiental y dirección de equipos, explicó que se enteró de las plazas en Imelsa "por el boca a boca". Así, decidió enviar su currículo y "un tiempo después" le llamaron desde la compañía pública para una entrevista.

"Me personé allí el día que me afirmaron y debí aguardar por el hecho de que estaban entrevistando a otra gente. Me entrevisté entonces con el gerente, que se interesó por mi currículo, mi capacitación y mi experiencia en el campo forestal", ha expuesto.

Le volvieron a llamar para otra entrevista "considerablemente más específica", donde charlaron sobre distintas proyectos y le preguntaron si proseguía entusiasmado en el puesto. Ha correcto que se lo pensó ya que terminaba de admitir un puesto en Ontinyent pero por último aceptó.

Así, en el mes de noviembre de 2015 firmó el contrato y abandonó la compañía pública de forma facultativa en el último mes del año de 2017. Interpelado por si acaso comprendía lo que se exponía en el contrato, respondió que observó las funcionalidades ordenes y el gerente le comentó que tenía que ver con un puesto de prominente directivo y que se encontraba relacionado a la seguridad.

Ha destacado, a cuestiones de su letrado, que ni ha militado ni milita en ningún partido y ha defendido que el área en el que trabajaba no fue construída 'ad hoc' y que tras dejar su cargo, se mantuvo y le reemplazó Víctor Jiménez, otro acusado. Ha correcto que hacían varios proyectos y que había distintas trabajadores.

Precisamente Jiménez, en su turno de palabra, ha expuesto que entró en Divalterra en 2018 y antes a ocupar su puesto sostuvo múltiples asambleas con Ferri para comprender los trabajos que estaban en marcha: "Era un área con bastante contenido y siempre y en todo momento tuve la sensación de que se había hecho buen trabajo", ha aseverado.

El acusado indicó que absolutamente nadie le advirtió en ese instante de ninguna ilegalidad: "En ningún instante absolutamente nadie me advierte de nada de lo que nos ha traído aquí a declarar esta mañana". Así que firmó el contrato en el consejo de administración. El contrato se lo habían reenviado por correo y no se podía cambiar nada salvo los datos personal. "Lo demás se encontraba decidido por elementos humanos. Yo no podía cambiar el clausulado", ha señalado.

Sobre las contrataciones de alta dirección de 2015 cuestionadas por la Fiscalía, el acusado ha manifestado que no tuvo nada que ver. "En ese instante era concejal de Hacienda en Rocafort y mi trabajo en ese concejo era muy absorbente. No tenía ninguna vinculación, directamente o indirecta, con Divalterra y no tengo nada que ver con las contrataciones de 2015", ha insistido. "No entiendo realmente bien qué pasó y no sé que hago en esta mesa declarando frente ustedes", ha concluido.

Por su parte, el último de los acusados, Salvador Femenia, con experiencia en forestales y rutas, ha señalado que aportó su currículo y le llamaron para múltiples entrevistas en Divalterra. Luego le escogieron y firmó el contrato. "Y al día después al trabajo", ha subrayado.

Sobre el contrato, ha manifestado: "Tenía un contrato de una señora administración que era la Diputación de Valencia. Te ves enfrente de un contrato de Divalterra y entonces lo firmas y a trabajar con la ilusión de todo el planeta. No lo lees. Sabía que era de alta dirección y la remuneración de forma anual. Luego, a trabajar", ha aseverado.

El acusado, que ha negado haber formado una parte del consejo de administración de Imelsa o Divalterra, ha señalado que en el mes de junio de 2017 dejó el cargo de manera facultativa sin indemnización y dijo que se enteró de que los contratos podían tener una deficiencia legal en el mes de febrero o marzo de 2018. "Ahí me enteré del jaleo", ha apostillado.

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