En un reciente desarrollo político, el nuevo equipo de consellers de la Generalitat ha sido dotado de salidas retributivas que, en algunos casos, podrían sobrepasar en un 15% el salario del presidente autonómico, esto con el firme propósito de asegurar que no se vea afectado su ingreso mensual.

El Consell, el órgano de gobierno valenciano, ha dado luz verde a un decreto ley que introduce una serie de medidas extraordinarias orientadas a la administración, organización y movilidad del personal del sector público. Este decreto tiene como objetivo proporcionar una "respuesta inmediata" a las necesidades que han surgido en la atención a los servicios públicos, especialmente en los municipios devastados por la reciente dana.

Las acciones delineadas en este decreto buscan "reforzar áreas clave" mediante iniciativas urgentes que faciliten tanto la gestión de la emergencia como las fases subsiguientes de recuperación y retorno a la normalidad en las zonas afectadas, según ha informado la Generalitat en un comunicado oficial.

Como primer paso, el decreto propone acelerar la jubilación voluntaria, facilitando que el personal del sector público que alcance la edad máxima pueda optar por prolongar su permanencia. Este enfoque tiene como finalidad continuar aprovechando el conocimiento y la experiencia de profesionales que han dedicado sus vidas al servicio público.

En segundo lugar, se habilitará un proceso para la selección y reclutamiento de personal temporal, utilizando las bolsas de empleo que ya se han establecido en los varios sectores de la Generalitat —incluyendo sanidad, educación y justicia— con el adicional recurso de considerar a los solicitantes de empleo registrados en Labora. Este ajuste busca garantizar un proceso rápido y efectivo para satisfacer el aumento de necesidades laborales.

La tercera medida permite asignar temporalmente a los empleados públicos "tareas o responsabilidades distintas" a las que habitualmente desempeñan. Esta reestructuración se realizará a través de un procedimiento más ágil que priorizará la voluntariedad, con la posibilidad de implementar turnos de trabajo flexibles, ya sea de mañana o de tarde, para aquellos empleados públicos que lo requieran.

Conscientes de la "situación excepcional", las autoridades consideran esencial la optimización de los recursos humanos y técnicos disponibles para abordar la emergencia que ha originado la dana. En este sentido, la Generalitat ha subrayado que las normativas estatales permiten la expansión de medidas temporales ancladas en la gestión de emergencias, lo que facilita la adaptación de las actuaciones administrativas en contextos de crisis.

Frente a esta realidad, se ve necesaria la habilitación de órganos competentes para que adecuen los programas actuales, integrando medidas específicas que atiendan las demandas surgidas de la emergencia y gestionen los problemas resultantes.

La administración autonómica destacó que este ajuste permitirá que los programas existentes no solo continúen cumpliendo con sus objetivos iniciales, sino que, de manera excepcional, también colaboren en la recuperación pos-emergencia provocada por la dana.

El decreto ley estipula que la duración de los programas temporales podrá extenderse "si las necesidades de la emergencia y recuperación así lo exigen". De esta manera, busca garantizar la estabilidad y continuidad de los recursos destinados a enfrentar la dana, facilitando así un enfoque integral para cada fase de la recuperación.

Además, se contempla la excepcionalidad prevista en el Real Decreto Ley 7/2024, que afecta a los funcionarios interinos que fueron nombrados para cubrir vacantes a partir del 8 de julio de 2021. Este reglamento permite aplazar el cese de estos funcionarios hasta dos años, siempre que continúen en funciones vinculadas a la atención de emergencias relacionadas con los daños generados por la dana en la Comunitat.

En conclusión, el decreto incluye disposiciones finales que buscan modificar la legislación vigente para adecuarla a las necesidades excepcionales que se han presentado debido a la emergencia, medidas que son consideradas indispensables para estructurar una respuesta efectiva en las circunstancias actuales.

Una de las modificaciones clave respecto a la ley de presupuestos de la Generalitat para 2024 asegura que aquellos que participen en las labores de reconstrucción y recuperación no verán disminuidas las retribuciones que percibían en sus puestos anteriores, garantizando que sus capacidades sean justamente valoradas.

En detalle, se indica que las remuneraciones para este grupo, que incluye personal de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad del Estado, se ajustarán a las pautas establecidas para los altos cargos en la ley de presupuestos o a lo que correspondía en su anterior puesto de trabajo.

De manera complementaria, esta disposición también se aplica a aquellos que, en el momento de su incorporación al Consell o a cargos de nivel superior, no se encuentren en servicio activo en la Administración, por razones que van desde la reserva hasta el retiro.

En este contexto, se ha anunciado la incorporación del teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, quien asume el cargo de vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, con la misión de diseñar un plan de recuperación y coordinar las tareas de reconstrucción en las áreas afectadas.

Pues bien, el general de brigada Venancio Aguado de Diego, también en situación de reserva, será el secretario autonómico del gabinete de Gan Pampols. Este último ha revelado que contará con dos subsecretarias específicas: una dedicada a la reconstrucción y otra para las relaciones con las diferentes administraciones.

Por otro lado, al considerar la opción de incorporación al Consell, se tendrá en cuenta la actualización de las retribuciones a las que una persona tendría derecho si hubiera permanecido en servicio activo en su anterior puesto antes de momentáneamente cesar, entrar en reserva o retirarse.

No obstante, se especifica que esta medida no se aplicará a aquellos altos cargos cuya designación requiera que sean funcionarios públicos de conformidad con su normativa específica. En adición, el límite del 15% en las retribuciones adicionales no será pertinente para todos los que integren el Consell ni para los niveles superiores de las consellerias.

Al ser cuestionada sobre esta particularidad, la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, en declaraciones posteriores a la reunión del Consell, ha indicado que no formó parte de la negociación de este decreto, lo cual justifica su falta de información sobre este asunto particular. Sin embargo, enfatizó que los sindicatos estuvieron presentes en la negociación y que aprobaron las medidas propuestas.