VALÈNCIA, 16 de diciembre. La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT) ha alertado a la jueza encargada de la investigación sobre la gestión de la devastadora DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024, afirmando que la Generalitat Valenciana ya tenía conocimiento del desbordamiento del barranco del Poyo desde primeras horas de la tarde de ese día.

Este dato se extrae del informe presentado por FETAP-CGT, que actúa como acusación popular ante el juzgado de Catarroja, donde se indaga sobre la riada. En este caso, figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su antiguo segundo al mando, Emilio Argüeso.

Según la acusación popular, dicho informe indica que la Generalitat tenía conocimiento "efectivo" del desbordamiento de varios barrancos considerados "clave" varias horas antes de que se activaran las alertas dirigidas a la población afectada.

El documento revela que a las 15:14 y 15:15 horas, distintas carreteras bajo gestión autonómica, provincial y estatal ya estaban oficialmente cerradas debido a inundaciones en áreas directamente asociadas con los barrancos del Poyo, Pozalet, Gayo y Chiva.

Estos registros internos sobre la infraestructura demuestran que la gravedad de la situación era conocida, pero no se implementaron las medidas de protección civil adecuadas, según expone el informe.

Concretamente, a las 15:14 horas, la carretera CV-383, que pertenece a la administración autonómica, estaba cortada por inundación en el punto 1 + 400, ubicado entre dos barrancos: el del Poyo a 488 metros y el de Pozalet a 828,62 metros. La interrupción de esta carretera se presenta como un indicio claro de la problemática relacionada con ambos cauces, y se localiza a menos de dos kilómetros de la localidad de Loriguilla.

Asimismo, la A-3, una carretera de titularidad estatal, fue cerrada a la circulación en su kilómetro 323 en Chiva, a las 16:46 horas. Esta zona se sitúa a 259 metros del barranco de la contienda, donde se reportaron varios fallecimientos.

Por otro lado, la CV-379, gestionada por la Diputación Valenciana, se encontraba cortada a las 15:15 horas durante más de dos kilómetros en Chiva, desde el kilómetro 5.900 hasta el 8, localizada a 124 metros del barranco del Gayo, que después se denomina rambla de Chiva.

La CV-421, también de titularidad autonómica, estuvo cerrada desde las 11:18 horas, abarcando un recorrido desde el Punto Kilométrico Inicial 3 + 500 hasta el Punto Kilométrico Final 9 + 200. En paralelo, la CV-4242, gestionada por la Diputación, también estuvo cerrada desde las 11:50 horas en Godelleta.

El informe de FETAP-CGT analiza estos datos junto con la localización de las víctimas, destacando un patrón repetido: personas atrapadas por las inundaciones mientras se desplazaban, trabajaban en fincas agrícolas, o se encontraban en bajos y garajes, sin control de accesos ni alertas efectivas. En varios casos, las víctimas estaban a pocos cientos de metros de carreteras que habían sido cerradas horas antes debido a inundaciones.

Particularmente relevante es la situación en Chiva, donde se realizaron más de 160 llamadas al '112 Comunitat Valenciana' durante aquel día, incluyendo más de un centenar mientras el CECOPI ya estaba operativo. A pesar de las numerosas llamadas, no se activaron eficazmente los puntos de vigilancia previstos en los planes de emergencia, ni se tomaron medidas para alejar preventivamente a la población de las áreas en riesgo.

El informe también señala graves y generalizados incumplimientos del Plan Especial de Inundaciones, que incluyen la ausencia de centros de mando avanzados, falta de notificaciones a las alcaldías, demoras en la coordinación operativa y la emisión de mensajes genéricos al público cuando el peligro ya era inminente.

Todo esto sucedió a pesar de la abundante información que se disponía, proveniente de alertas meteorológicas, llamadas de emergencia y cierres de carreteras, subraya el informe.