VALENCIA, 2 Jul.
La Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana ha pedido a la Conselleria de Economía Sostenible que valore el "supuesto quebranto" que ocasionó a la Generalitat la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 1997 y la adjudicación del Plan Eólico Valenciano en el año 2002.
Estas 2 actuaciones del Consell, recalca Presidencia en un aviso, están "en el origen de la instrucción que está haciendo un juzgado de Valencia por teóricos delitos fiscales y de corrupción y en el que están investigados múltiples altos cargos del gobierno valenciano, entre ellos, los expresidentes Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, entre otros muchos".
La directiva general de Relaciones con Les Corts y responsable de la Oficina de Recuperación de Activos, Ana Domínguez, ha precisado que con este informe la Generalitat persigue "cuantificar el encontronazo que lograron tener en las cuentas públicas tanto la privatización de las ITV como la adjudicación del Plan Eólico, actuaciones que están en el fondo de la investigación fiscal del juzgado por las presuntas comisiones que se cobraron por estas actuaciones".
La Oficina de Recuperaciones de Activos fue construída por el Consell del Botànic para "coordinar las acciones de restauración del dinero público que en ciertos casos fue conseguido ilegalmente en los diferentes casos de corrupción que han dañaron a la administración de la Generalitat Valenciana en las décadas pasadas".
Hasta la fecha, se han recuperado mucho más de siete millones y medio de euros, en casos como las diferentes piezas de la trama Gürtel, las 4 piezas del caso Cooperación, Emarsa o las condenas por la situacion FITUR.
En total, se han abierto cerca de 40 expedientes relacionados en su mayor parte con temas judiciales en los que la Generalitat fué perjudicada patrimonialmente, "y de esta manera fué reconocido en las que corresponden sentencias". La oficina trabaja en este momento en la restauración de hasta 20 millones de euros por diferentes expedientes.
Antes de su privatización en el año 1997 las estaciones de ITV eran gestionadas por SEPIVA, una compañía de la Generalitat, y los capital que se derivaban de estas actuaciones formaban una fuente persistente de capital públicos.
Tras la privatización, se generaron aumentos de los costos de la inspección de automóviles y se cobraron las segundas inspecciones, que antes eran gratis, lo que "forman rastros de que se ha podido haberse amado favorecer a los nuevos administradores privados".
