Se dan algunas semanas para buscar una redacción que recoja las sugerencias del Consejo de Estado y que tenga el acompañamiento del ámbito

MADRID/VALÈNCIA, 25 Ene.

El Gobierno y el PP han acordado ofrecer una ocasión a la reforma de la Constitución pero "ajustada" al producto 49, limitada a la supresión de término "disminuido" y al blindaje de las políticas en temas de discapacidad, pero sin aceptar otros cambios, lo que deja fuera al Derecho Civil Valenciano.

Así lo ha movido en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras sostener una asamblea en el Congreso con la asesora general del PP, Cuca Gamarra. "Hemos acordado ajustar la reforma al producto 49 y no hemos entrado a ninguna otra de las enmiendas", ha zanjado el ministro. "Debe ajustarse única y de forma exclusiva al producto 49", ha subrayado Cuca Gamarra.

El deber es buscar una exclusiva redacción de ese producto 49 que cuente con el respaldo de las organizaciones del campo de la discapacidad, que se ajuste a las sugerencias que en su día logró el Consejo de Estado y que sume el voto de la mayor parte de las formaciones parlamentarias. "Habría de ser una reforma que cuente con concordancia", ha señalado el ministro.

Esta reforma constitucional fue impulsada por la vicepresidencia de Carmen Calvo sobre la base de un artículo de 4 puntos que se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de las primeras selecciones de 2019.

El artículo, aparte del cambio del término 'disminuido' por 'persona con discapacidad', ofrece resaltar "los derechos y deberes previstos" en la Carta Magna "en condiciones de independencia y también igualdad real y eficaz" para este colectivo, sin que "logre generarse discriminación"; y confía a los poderes públicos la puesta en marcha de "políticas primordiales para asegurar la plena autonomía personal y también inclusión popular de la gente con discapacidad".

Calvo fue depuesta por Pedro Sánchez en la crisis de Gobierno de julio de 2021 y su sustituto en el Ministerio de Presidencia, Félix Bolaños, fue quien defendió la reforma constitucional frente a las enmiendas de integridad presentadas por el PP y por Vox.

Para el partido de Santiago Abascal, la redacción planteada por el Gobierno "no es correcta a los fines que persigue, habiendo sido declarada como 'perturbadora' por nuestro Consejo de Estado, y no tiene la calidad precisa.

El PP, por su lado, argüía que reformar la Constitución siempre y en todo momento pide "espíritu de sosiego y de pacto político, precisamente 2 elementos de los que ahora mismo de gravísima crisis económica y popular se carecen". "Con estas premisas, la aspiración de seguir a una rehabilitación de la Carta Magna hoy es realmente difícil", señalaban en su enmienda de veto.

Tras aquel enfrentamiento, el emprendimiento de reforma se quedó prácticamente un año y medio en el 'congelador' hasta el momento en que el mes pasado de diciembre la Mesa del Congreso dio al fin el visto bueno a la presentación de enmiendas parciales.

Y al tiempo que el PP y Vox limitaron sus enmiendas al producto de la discapacidad, otros conjuntos plantearon explotar la reforma para ingresar mucho más cambios en la Carta magna: el PNV aboga por admitir la plurinacional del Estado y la autodeterminación y por limitar la inviolabilidad del Rey; Ciudadanos demandó una reforma electoral para establecer la circunscripción única al Congreso; Junts solicitó mutilar las competencias del Tribunal de Cuentas; y Compromís demandó el reconocimiento del derecho civil valenciano.

Tras las Navidades, el Gobierno anunció que volvería a procurar la reforma y concertó una asamblea con el PP, puesto que aprobar este cambio puntual de la Constitución precisa un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara (210 votos), lo que pide el visto bueno del primer partido de la oposición.

Y las dos partes han acordado procurarlo, pero dejando ajeno toda cuestión extraña. Incluso el reconocimiento del Derecho Civil Valenciano, que los socialistas estaban prestos a asumir. "Hemos acordado ajustar la reforma al producto 49 y no hemos entrado a ninguna otra de las enmiendas", ha zanjado el ministro. "Debe ajustarse única y de forma exclusiva al producto 49", ha subrayado Cuca Gamarra.

El Gobierno comprende que el PP cambió de situación y en este momento admite negociar, al tiempo que los 'populares' estiman que el Ejecutivo se ha avenido a limitar la reformar al producto de la discapacidad, dejando ajeno todas y cada una de las cuestiones extrañas.

En las próximas semanas, ámbas partes procurarán una exclusiva redacción del producto 49 que recoja los 'impedimentos' que puso en 2019 el Consejo de Estado y que cuente con el acuerdo de las organizaciones del ámbito. También procurarán el voto del resto formaciones parlamentarias, ya que piensan que hay un extenso consenso para cambiar este precepto.