Los directores de los institutos de Educación Secundaria (IES) de Valencia que todavía no han podido reanudar la actividad escolar tras los daños ocasionados por la dana, han hecho una declaración contundente respecto a la falta de documentación que garantice la seguridad de los centros educativos. Estos IES, que son el 25 d'Abril de Alfafar, el IES Albal y el IES María Carbonell i Sánchez de Benetússer, han resaltado que la apertura de sus instalaciones depende del plazo de finalización de tareas importantes que aún están pendientes.
El pasado domingo, los directores publicaron un comunicado conjunto en respuesta a un comunicado de la Conselleria de Educación donde se afirmaba que los tres centros estaban preparados para abrir sus puertas el lunes. Sin embargo, los equipos directivos han manifestado que no existe la intención de proceder con la apertura, subrayando que su deseo es reanudar las clases lo más pronto posible, aunque el ritmo de trabajo de las autoridades educativas ha sido frustrante.
Desde la Conselleria de Educación, se argumentó que el sábado se enviaron varios documentos a los centros, incluyendo certificaciones por parte de las empresas responsables de las reparaciones eléctricas y de sistemas de protección contra incendios en el IES María Carbonell. Sin embargo, el IES 25 d'Abril ha recibido un certificado de que su sistema de protección contra incendios está ya en funcionamiento. En cuanto al IES Albal, el informe de Tragsa afirmó que las instalaciones eléctricas cumplen con las condiciones de seguridad necesarias.
Los directores de los centros también han recibido un acta de comprobación técnica que confirma que las instalaciones están aptas para su apertura, con fecha del 14 de diciembre, tras la visita de técnicos de Tragsa y miembros de la Conselleria. Sin embargo, los directores han resaltado que, a pesar de estas afirmaciones, la falta de documentos que garanticen realmente la seguridad efectiva del ambiente escolar genera preocupación y reticencia por su parte.
El portavoz del PSPV-PSOE, José Luis Lorenz, ha criticado abiertamente la reacción de la Conselleria, acusando al conseller de Educación, José Antonio Rovira, de eludir responsabilidad y querer cargar la culpa sobre los directores. Su comentario se centra en que estas autoridades no han proporcionado la documentación necesaria para asegurar la apertura segura de los centros, lo que ha generado una tensión palpable entre las instituciones educativas y la administración.
Lorenz ha calificado la situación como una muestra de la incompetencia del Consell, indicando que esta crisis educativa ha evidenciado la incapacidad del gobierno para responder adecuadamente. Además, ha expresado su apoyo a las familias, profesores y direcciones de los centros, quienes solo buscan regresar a las aulas en condiciones apropiadas para el aprendizaje debido a la preocupación por las condiciones de higiene y seguridad que se han visto comprometidas tras la emergencia.
En una declaración contundente, el portavoz socialista ha señalado que no se puede esperar que los directores asuman responsabilidades sin que la Conselleria se haga cargo de sus propias falencias. La comunidad educativa no justifica la reacción del conseller, quien parece estar más enfocado en atacar a los profesionales del sector educativo que en resolver las deficiencias inherentes a la situación actual.
Asimismo, las agrupaciones de directores han expresado su descontento con los ataques dirigidos hacia ellos por parte del conseller. Estas críticas son vistas como ataques infundados a sus capacidades y profesionalismo en un momento delicado, donde su principal objetivo es garantizar el bienestar y la educación de sus alumnos.
La indignación también ha sido expresada por el Sindicat de Treballadors i Treballadores (STEPV), quien denunciaron lo que consideran "indecencia" por parte del conseller. Acusaron a Rovira de haber abandonado a la comunidad educativa durante momentos críticos y ahora de buscar culpables en lugar de asumir la responsabilidad de sus decisiones. Esta situación, según el sindicato, refleja una falta de consideración hacia los equipos directivos que trabajan incansablemente para reparar y poner en marcha los centros educativos.
Finalmente, la situación actual se ha convertido en un ejemplo de la creciente tensión entre los directores de los centros educativos y el Consell, con la comunidad educativa clamando por soluciones efectivas y la recuperación de un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje. La presión está sobre las autoridades educativas para que ofrezcan una respuesta acorde a las necesidades de los centros y se recupere la confianza tanto en los directores como en el sistema educativo en su conjunto.
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