La actualidad política en la Comunidad Valenciana se ve marcada por una situación inquietante, centrándose esta vez en la gestión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. El caso ha surgido a raíz de la querella presentada por Iustitia Europa, que sostiene que la ausencia del mandatario en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el pasado 29 de octubre pudo ser crucial para que el aviso de alerta ante la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) se emitiera de manera tardía y errónea.

València acoge este 15 de noviembre la ratificación de dicha querella en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde su presidente, Luis María Pardo, ha manifestado la importancia de tomar responsabilidades judiciales sobre este asunto. Según Pardo, la falta de acción de Mazón en un momento crítico podría haber exacerbado la situación de emergencia, alertando a la población de forma inadecuada.

El presidente de Iustitia Europa no ha dudado en señalar que los delitos indicados en la querella, que incluyen homicidio imprudente, lesiones y prevaricación omisiva, reflejan una seria falta de compromiso ante la crisis. "La llegada tardía de Mazón, cuando las ciudades ya se encontraban en un comienzo de inundación, ha tenido repercusiones directas", ha declarado Pardo, quien enfatiza que ahora “se deben proporcionar explicaciones ante la justicia”.

La intención de Iustitia Europa es clara: quieren que el TSJCV inicie una investigación penal. Esta entidad ha solicitado que se examinen los indicios de criminalidad y, si se hallan pruebas contundentes, que se tome acción legal contra Mazón y otros responsables involucrados en esta desafortunada situación. "No estamos hablando solo de Mazón, sino de un entramado de decisiones que han llevado a esta tragedia", ha puntualizado Pardo.

De hecho, la querella interpuesta ante el TSJCV afecta exclusivamente a Mazón, mientras que las querellas similares se han presentado en otras instancias de competencia contra figuras como el presidente Pedro Sánchez y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Teresa Ribera, quienes también están bajo la lupa por su actuación durante la emergencia. Pardo justifica la elección del TSJCV para la querella contra Mazón, dado su estatus aforado en esta jurisdicción.

La perspectiva de que esta querella "pueda prosperar" se mantiene viva, según las declaraciones de Pardo. Este no solo subraya la necesidad de una investigación profunda sobre los acontecimientos del Cecopi el 29 de octubre, sino que también cuestiona las decisiones tomadas y la responsabilidad de quienes se encontraban en la cúpula durante esos momentos críticos. Preguntas relevantes como "¿por qué el aviso se dio tan tarde?" y "¿hubo intervención de los otros ministros en la situación?" enfatizan la urgencia de aclarar el contexto de esos eventos.

Pardo se siente optimista en cuanto al proceso judicial, afirmando que la calidad aforada de los acusados "no complica en principio" la investigación y mostró confianza en que los tribunales actuarán con imparcialidad para esclarecer estos hechos. "Hemos tratado de presentar un esquema claro de los hechos y las posibles responsabilidades", remarcó.

Por otro lado, el futuro político de Teresa Ribera también pende de un hilo. Su posible designación como vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva ha suscitado inquietudes. Pardo opina que será la responsabilidad del Parlamento Europeo decidir si una ministra con potenciales cargos penales puede desempeñar un papel tan relevante en una materia que requiere integridad y responsabilidad política.