VALÈNCIA, 7 de enero.

Una reciente investigación liderada por la jueza de Catarroja ha centrado su atención en la gestión de la DANA que, el 29 de octubre de 2024, provocó la trágica pérdida de 230 vidas en la provincia de Valencia. En este contexto, la magistrada ha decidido convocar a varios funcionarios clave de la Abogacía de la Generalitat para que comparezcan como testigos. Entre ellos se encuentran el abogado coordinador y el Abogado General, junto con el subdirector del área que dirigía Salomé Pradas.

La jueza ha emitido un auto en el que accede a la solicitud de uno de los letrados implicados en la causa, quien pedía identificar a los responsables jurídicos de la Generalitat que brindaron asesoramiento en relación a un posible confinamiento de la población durante el crucial intervalo de tiempo entre las 19:45 y las 20:00 horas. Este asesoramiento, según la acusación, habría ocasionado un retraso en la emisión del sistema de alerta ES-Alert, lo que podría haber tenido consecuencias graves para la seguridad de los afectados.

En el auto, se indica que la Abogacía de la Generalitat tuvo un papel activo en la asesoría durante dicha emergencia, un hecho que se ha evidenciado en un informe ingresado a los autos el 26 de diciembre de 2025. Este documento resalta que, a esa hora crítica, "ninguna autoridad superior de la Conselleria de Justicia e Interior, Medio Ambiente o Presidencia contactó de forma escrita a la Abogacía de la Generalitat".

Sin embargo, se registraron breves comunicaciones telefónicas el mismo día 29 de octubre en relación con el fenómeno meteorológico. El informe cita que el subsecretario de la Conselleria de Justicia se comunicó con el abogado coordinador para verificar si un eventual confinamiento contaría con el respaldo legal correspondiente, a lo que se le respondió de manera afirmativa.

Por otro lado, Cayetano García, quien se desempeñaba como secretario autonómico de Presidencia, también contactó al Abogado General de la Generalitat para alertarlo sobre la posibilidad de que Pradas, la consellera de Justicia e Interior y actualmente investigada, recurriera a la Abogacía para que se emitiera un informe sobre el confinamiento. El Abogado General se mostró dispuesto a colaborar.

No obstante, el informe sostiene que, tras dichas llamadas, no se recibió ninguna solicitud formal o verbal para un informe adicional.

La jueza considera que las citaciones de los tres funcionarios son pertinentes y "relevantes" en el contexto de la investigación. Explica que el informe de la Abogacía presenta contradicciones con las declaraciones de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente Carlos Mazón, quien aseveró que Cayetano García había consultado a la Abogacía acerca del confinamiento, un hecho que, según Cuenca, dio pie a mensajería entre él y Pradas en la que se le aconsejaba no implementar esa medida a nivel provincial.

El auto destaca un mensaje enviado por Cuenca a Pradas a las 19:54 horas el 29 de octubre, en el que le solicita "Calma" y a no avanzar en un confinamiento. Según el testimonio de Cuenca, estos mensajes se basan en lo que supuestamente el abogado de la Generalitat le habría transmitido a través de García.

Por su parte, el informe del 26 de diciembre de 2025, firmado por el Abogado General, menciona únicamente dos llamadas breves y aclara que en una de ellas se confirmó que un eventual confinamiento tendría apoyo legal, señalando los artículos pertinentes que podrían sustentar dicha decisión.