Una magistrada de la Corte de Catarroja ha abierto una nueva pieza en un caso relacionado con las inundaciones, alertando sobre la posibilidad de imponer sanciones a un letrado tras la revelación de que este grabó de manera ilegal a su familia durante una audiencia digital.

La jueza, quien se encuentra al frente de la instrucción por la causa de la Dana, hizo esta declaración en un auto judicial en el que desestimó una solicitud del abogado José María Bueno, representante del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Este letrado buscaba la citación de varios guardias civiles responsables de un informe sobre los desbordamientos que causaron múltiples víctimas.

El abogado, por otra parte, había solicitado a la Letrada de la Administración de Justicia información sobre la participación del esposo de la juez en la causa, así como detalles sobre su supuesta autorización para intervenir en este procedimiento, entre otros aspectos. La magistrada considera esta acción como parte de una estrategia poco ética para desacreditarla.

En respuesta, ha optado por abrir una pieza separada para investigar la legitimidad del contenido presentado por el abogado, que incluye fotografías que, según ella, fueron obtenidas de manera ilícita. Tanto Argüeso como la exconsellera Salomé Pradas han presentado quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la labor de la magistrada, lo que ha llevado al órgano a iniciar una investigación preliminar.

La magistrada ha catalogado las quejas dirigidas a ella como parte de una "campaña difamatoria” que, además, lanza un “machismo atroz” contra su figura. En su auto, también subraya que muchos de los comentarios asociados a las noticias sobre el caso contienen discursos de odio, insultos y amenazas hacia ella y su familia.

Con firmeza, la jueza argumenta que las peticiones del abogado de Argüeso contravienen principios de ética profesional, y que su intención parece ser desviar las investigaciones hacia su persona y la de su esposo, en lugar de centrarse en los verdaderos hechos del caso. Se refiere a esto como una "deriva aberrante" del proceso judicial.

La magistrada menciona que previamente se dieron argumentos sobre competencia territorial que fueron finalmente desechados. Asimismo, indica que el abogado, al utilizar grabaciones cuestionables en su estrategia, está perpetuando una desinformación que ha sido desmontada por la Audiencia Provincial, y que no tiene fundamento real.

La jueza destaca que las imágenes en circulación no podrían haber sido obtenidas durante las declaraciones oficiales, ya que el sistema de grabación se cerró. Sin embargo, se utilizó un sistema de videoconferencia que, aunque permitió ver a los abogados, también posibilitó que alguien grabara sin consentimiento, algo que considera inaceptable, especialmente tratándose de su hija menor.

Explica que ha tomado medidas para proteger la privacidad y la imagen de los involucrados en el procedimiento, a pesar de que los letrados de defensa intentan presentar imágenes de su familia como “prueba”. Reitera que durante los juicios, se ha respetado la imagen de todos los testigos y peritos, mientras que el abogado de Argüeso parece más interesado en desacreditarla personalmente que en buscar la verdad.

Finalmente, argumenta por qué se rechazó la citación de los agentes de la Guardia Civil, al señalar que el informe que presentaron tiene defectos de origen y no se ajusta a lo solicitado por la juez. Considera que la evaluación de la negligencia de los intervinientes en la emergencia es una cuestión que solo puede abordarse desde el ámbito judicial, no a través de informes incompletos que ignoran aspectos vitales del manejo de la crisis.